por Fco. José Alonso Rodríguez, 18 de Septiembre de 2026

Un día de abril de 1939, a los pocos días de acabar la Guerra Civil española, un grupo de falangistas saqueó la casa que Juan Ramón Jiménez tenía en la madrileña calle Padilla, desapareciendo parte de su obra y del conocido retrato que, en 1916, le hizo su amigo el pintor nérviense Daniel Vázquez Díaz, al que tenía en gran aprecio. El poeta de Moguer se encontraba en Estados Unidos, su estancia del primer exilio, y solo volvió a España tras morir en Puerto Rico, en 1958. No era ningún «fugitivo de la España Roja», como lo había calificado Manuel Aznar, sino una persona comprometida con la libertad. Él le contestó que era «libremente leal a la democracia y a sí mismo». Nunca olvidó aquel episodio.

Oficialmente, la contienda española había terminado el 1 de abril de 1939, según el parte de guerra firmado por el general Franco. Los vencedores, dueños absolutos del país, no se conformaron con la brutal represión que siguió al final de la contienda. Necesitaban borrar toda huella cultural del régimen derrotado y Juan Ramón Jiménez era un convencido republicano. Vivía de sus propios medios y -según él mismo relata- nunca recibió dinero del Estado, ni en la Monarquía ni en la República. Tuvo que acudir al Monte de Piedad para empeñar objetos personales que le permitieran sobrevivir. Sin embargo, no dudó en proteger con su propio peculio a un grupo de niños huérfanos, a quienes mantenía en todas sus necesidades, en un piso de la calle Velázquez de Madrid. (Mundo Gráfico tituló en 1936: «JRJ y su esposa han instalado un piso para atender a doce chiquillos abandonados»). Firmó varios manifiestos durante la República, entre ellos uno que pedía clemencia para los condenados por los sucesos revolucionarios de Asturias y otros pocos días después del golpe del 18 de julio de 1936, en el que algunos intelectuales afirmaban «estar del lado del Gobierno, de la República y del Pueblo, que con tan ejemplar heroísmo está combatiendo por sus libertades». El saqueo a su casa coincidió con su estancia en Estados Unidos, mientras participaba en Miami en actos a favor de los exiliados republicanos.

La casa de JRJ era su castillo, su fortaleza, donde apiñaba ordenadamente todos sus escritos y documentos. Carmen Zulueta visitó la casa en plena República y, en La España que pudo ser dejó testimonio de aquel espacio interior: «Nos recibió Zenobia en una salita muy bien arreglada y después
pasamos al despacho de JRJ. En esa época Juan Ramón vivía obsesionado por el ruido. Creía que los ruidos que venían de la calle eran parte de un complot para perturbar su paz y su tranquilidad necesarias para escribir. Zenobia le había hecho forrar su despacho de corcho aislante para que no penetrase un solo ruido de claxon o de vendedor ambulante y le había puesto ventanas dobles, muy
poco frecuentes en aquella época en que el ruido era parte de la vida de todos los españoles. Cuando entramos allí estaba el poeta, pálido, con su barba negra de Greco, vestido de negro, sentado ante una mesa llena de papeles-cuartillas, octavillas, en las que escribía con su enrevesada letra de jeroglífico, sus poesías y sus ensayos». Ya la República se encargó durante su ausencia de proteger la casa, tal como recoge la carta que la criada Luisa Andrés remitió al amigo íntimo y secretario de JRJ, el literato Juan Guerrero Ruiz, en febrero de 1937.

Su apoyo público y continuo a la República le granjeó la enemistad de los más radicales del nuevo régimen, por lo que nada más ocupar Madrid decidieron ir a su domicilio y saquearlo. Juan Ramón Jiménez supo de los nombres de los confiscadores y en un libro póstumo autobiográfico titulado Guerra en España, publicado inicialmente por Seix Barral, en 1985, se recogieron solo las
iniciales de los asaltantes. La editorial, a pesar de que Franco había muerto una década antes, temió las demandas jurídicas de quienes no salían muy bien parados y censuró no solo los nombres de los asaltantes al domicilio de JRJ, sino otros muchos documentos comprometedores. En 2009, la edición que 24 años antes había realizado Pedro Crespo fue revisada y ampliada enormemente por Soledad
González Ródenas, poniendo al descubierto sin matices ni censuras aquellos nombres, y aun viviendo el principal acusado, el periodista Carlos Sentís.

Lo cierto es que las acusaciones de Juan Ramón se conocían por la antología de cartas que su paisano Francisco Garfias fue rescatando con menciones al sensible tema en publicaciones de Aguilar, 1962; de Picazo,1973 y de Bruguera, 1977. La cosa se iba conociendo, a pesar de la discreción con la que JRJ había llevado el caso. No obstante, el suceso se revitalizó en el centenario del nacimiento del poeta, cuando en el mes de enero de 1981 apareció una carta publicada en el diario El País, firmada por Arturo del Villar Santamaría, quien apuntó directamente a Carlos Sentís, Félix Ros y Carlos Martínez Barbeito, quienes -según la acusación- acudieron al domicilio del poeta y lo saquearon.

La revelación dio lugar a una serie de contrarréplicas de los acusados. El entonces diputado de UCD, Carlos Sentís, se defendió en el mismo diario diciendo que todo era un ataque que se le hacía por haber sido elegido en aquel entonces para la vicepresidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores, por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez, pero no hizo ninguna alusión a la acusación concreta de saqueador que se le hacía. Posteriormente, en sus de un Espectador, publicadas por Destino en 2007, rechazaba que hubiera sido uno de los integrantes de aquel comando falangista expoliador. También Martínez Barbeito contestó en carta a El País, reconociendo el asalto, pero justificándolo para salvar algunos papeles que -decía- había devuelto al poeta.

El tercer acusado había muerto y no pudo dar su versión, aunque se sabe que también devolvió parte de lo incautado. En marzo de 1981, en el número 252 de la revista Interviú, Arturo del Villar reiteró su acusación en un artículo que no encontró entonces ninguna réplica de los acusados. Carlos Sentís no solo fue acusado de dirigir aquel saqueo, sino de apropiarse de numerosos documentos del poeta que nunca devolvió, aun cuando murió en 2011, a punto de cumplir cien años. Sus dos compinches sí accedieron a devolver algunos manuscritos y libros del poeta.

El amigo de JRJ, Juan Guerrero, dejó escrito que lo ocurrido debió ser ideado por el cuervecillo ciruela Sesepe (José Bergamín) e incluso las sospechas recayeron sobre el poeta Pedro Salinas, por su amistad con los asaltantes.
En el primero izquierda del número 38 de la calle Padilla tenía, desde 1929, su residencia en Madrid el matrimonio formado por Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. En la fecha del saqueo, abril de 1939, el matrimonio Jiménez-Camprubí ya se encontraba en Estados Unidos cumpliendo una misión diplomática/cultural encomendada directamente por el presidente de la
República Manuel Azaña. Fue una excusa para alejarlo de España al inicio de la guerra, ya que Juan Ramón había rechazado la propuesta anterior que se le había hecho a través de Constancia de la Mora, nieta de Antonio Maura y esposa del General Hidalgo de Cisneros, para convertirse en embajador en algún país de América. El poeta pensaba, no solo que no estaba capacitado técnicamente, sino que consideraba que «salir de España sería desertar, una cobardía», según su amigo Juan Guerrero. No obstante, Azaña pensó que Juan Ramón podía hacer mucho por la causa republicana en EEUU, especialmente porque su cuñado José Camprubí dirigía La Prensa, el diario en español de Nueva York.
La misión la aceptó JRJ por su compromiso con la República, a pesar de que había tenido muchos problemas con los elementos más izquierdistas en los inicios de la guerra. Llegó a EEUU con pasaporte diplomático y al poco vaticinó ante los periodistas norteamericanos que la guerra española era el prólogo de una guerra mundial, cosa que atrajo poca atención, ya que en aquellos momentos estaban inmersos en la campaña electoral a la que Roosevelt concurría para la reelección presidencial, por lo que no se prestaba mucha escucha a los problemas europeos. «Todos se rieron de mí. Era tan sencillo todo. Con haber leído Mi Lucha, de Hitler, hubiera bastado», llegó a decir el poeta.
Inmediatamente el matrimonio se implicó en la organización, a través de La Prensa, de una suscripción para la Protección de Menores, con lo que en solo seis meses (septiembre 1936 – marzo 1937) consiguió enviar para los niños víctimas de la guerra más de 2.000 dólares de entonces. Así comenzó aquel periplo del primer exilio entre Nueva York-La Habana-Miami. El matrimonio había
salido de España el 22 de agosto de 1936 y se embarcó días después en Cherburgo rumbo a Nueva York, llevando consigo solo lo imprescindible en dos ligeras maletas, por lo que atrás quedaron, en su piso de Madrid, todos sus manuscritos, cartas y la inmensa colección de libros y otros objetos acumulados en años por su intensa relación con la intelectualidad del país.
Aquel domicilio de la calle Padilla quedó a cargo de su asistenta doméstica, Luisa Andrés, quien, a los pocos días de acabar la guerra, tuvo que franquear la entrada al piso de aquellos matones. Era el «primer año triunfal» y los uniformes y la actitud chulesca y bravucona no admitían ninguna resistencia. Estaba muy asustada, pues era de familia republicana combatiente en el bando perdedor y no sabía qué podía pasarle. En la calle esperaba una furgoneta de la Delegación de Prensa y Propaganda del nuevo régimen, que dio varios viajes para cargar cuanto saquearon. Se puede entender que pudieran buscar documentos comprometedores para el matrimonio literato, pero no se entiende que aquellas camisas azules, adornados con el yugo y la flecha, extendiesen las alfombras y sobre ellas depositaran arbitrariamente objetos artísticos y cotidianos, manuscritos, cartas y libros, que rápidamente acumularon desordenadamente bajo la asustada mirada de la criada. En el batiburrillo de aquel saqueo iba un pequeño dibujo-retrato en carboncillo sobre papel, dedicado por Vázquez Díaz a su amigo Juan Ramón, tantas veces reproducido.
Según Carmen Hernández-Pinzón, sobrina-nieta del poeta, JRJ no lo tenía enmarco y lo guardaba aprisionado entre las páginas de un robusto libro de arte para que no se le arrugara. Afortunadamente, el poeta fotografió el dibujo a carboncillo que guardaba como su preferido, a pesar de otros dibujos y lienzos que Vázquez Díaz le había realizado. Aquel sencillo dibujo es quizás hoy la mejor iconografía del poeta moguereño y sigue sin conocerse su paradero.
Aunque hay quien ha querido hacer pasar algún dibujo/copia como el verdadero, lo cierto es que al estar reproducido en blanco y negro lo descalifica, ya que todo se debe a que la foto que hizo JRJ fue en blanco y negro, cuando el original, según dejó señalado Zenobia, estaba dibujado en papel color sepia.

JRJ siempre vivió con el dolor de la pérdida y luchó por recuperar lo que en aquel día de abril le robaron. JRJ había perdido en la guerra a su sobrino-ahijado, del mismo nombre que el poeta, luchando en el bando nacional en el frente de Teruel, lo que le causó una enorme depresión.

Pero otros dos sobrinos, solo dos días después del saqueo, acudieron al domicilio de Madrid donde la criada les dio pormenorizada cuenta de todo lo que había sucedido. Rápidamente se movilizaron, tratando de recuperar lo sustraído, e instaron a Luisa Andrés a que denunciara el robo. También acudieron al poeta falangista Luis Felipe Vivanco, que estaba en el Servicio Nacional de Prensa y Propaganda, quien les indicó que la Falange no tenía nada que ver en el asunto y que nunca había encomendado esa misión, por lo que los causantes del expolio habían actuado por cuenta propia. De hecho, muchos libros del poeta fueron recuperados en establecimientos de libros viejos, con las dedicatorias arrancadas, pero con anotaciones al margen del propio JRJ, ya que tenía por costumbre realizar dichas notas. El propio Azorín encontró uno de sus libros dedicados al poeta y se extrañó de que no tuviera la dedicatoria que le hizo.

Así fue como gran parte de aquel patrimonio se dispersó sin ningún control. Vivanco se interesó por el tema y consiguió recuperar parte de lo sustraído, quedando bajo su cuidado en Prensa y Propaganda. También se colocó un aviso en la portada del domicilio que quedó bajo la protección del Servicio Militar de Defensa del Patrimonio Artístico para evitar nuevos saqueos. Al enterarse el poeta de lo sucedido, volvió a caer en estado depresivo, por lo que tuvieron que hospitalizarlo en varias ocasiones en EEUU, tanto en Miami como en Marylan, en cuya Universidad dio clases entre 1944 y 1946. JRJ inició inmediatamente y durante años una serie epistolar con autoridades y poetas de la época, e incluso con los propios acusados, tratando de recuperar la totalidad de su patrimonio, especialmente sus cartas y manuscritos.
Tal cosa nunca se consiguió, de ahí que JRJ mantuviera correspondencia con Juan Guerrero, quien hizo de intermediario en toda esta cuestión, así como con José María Pemán, quien también intervino con cierta fortuna en el asunto, o con el propio Sánchez Mazas, además de con los tres implicados directos.

En una carta dirigida a Carlos Martínez Barbeito, en noviembre de 1939, le pide expresamente una lista «de lo que Vds. conservan. Se trata de volver a reunir, como yo pueda, lo que había reunido (manuscritos, libros propios y ajenos) y que ahora más que antes necesito para mi trabajo». Fue quien más se involucró en devolver lo que tenía: «Una caja blanca repleta de papelitos de varias clases, la cartera de piel amarilla y unos 25 vols. Que conservaba en su poder […] supongo que todo, no lo sé. De lo llevado por Ros -dice en carta Juan Guerrero- no se ha logrado que devuelva otras cosas».

Un año después, la denuncia de Luisa Andrés tuvo efectos, pues se dio orden de detención por hurto contra Ros y Carlos Sentís, pero JRJ sufrió presiones y pidió a la criada que, para evitar reacciones negativas, retirase la denuncia (Sumario Nº 14940) para intentar arreglar amistosamente el tema, cosa que hizo ante el Juzgado Nº 12 de Madrid. Ros devolvió algunas pertenencias de JRJ;
Sentís nunca devolvió nada.
Contaba Francisco Hernández Pinzón, su sobrino Paco, que el corresponsal de ABC en EEUU, Josep María Massip, quiso entrevistar a JRJ, tras obtener el Premio Nobel en 1956, mientras cuidaba a su esposa Zenobia en un hospital de Puerto Rico, pero al negarse el poeta a recibirlo sugirió al periodista que lo abordara en el pasillo cuando saliese a comer. Massip así lo hizo y, para
ganarse al poeta, le dijo que durante la República había sido diputado de ERC,lo que llevó a contestar a JRJ que «o mucho ha cambiado usted, o mucho ha cambiado ABC». Y al responder que había sustituido a Carlos Sentís en la corresponsalía, JRJ le dijo: «Ese señor es un ladrón. Se lo puedo decir con toda seguridad porque al que robó fue a mí». JRJ murió dos años después, también en Puerto Rico, llevando al límite su compromiso social y político negándose volver a España en vida, a pesar del Premio Nobel que le había abierto claramente la posibilidad del regreso. La herida del saqueo perduró en su angustia del exilio.

El expolio sistemático a las víctimas de los conflictos bélicos representa una de las páginas más oscuras de cualquier postguerra. En el caso de la Guerra Civil española, la represión ejercida por los vencedores no se limitó al ámbito político o físico; se extendió ferozmente a la memoria cultural y al patrimonio privado de quienes permanecieron leales a la democracia republicana. El saqueo perpetrado contra el Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez es un testimonio desgarrador de cómo la barbarie intentó borrar el legado de uno de los intelectuales más ilustres de España.
A pesar de que las autoridades franquistas intentaron desvincular al partido oficial argumentando que se trató de una acción por cuenta propia —como le indicó el poeta Luis Felipe Vivanco a la familia del escritor—, el saqueo fue liderado por tres conocidos nombres de la órbita falangista:
Carlos Sentís: Corresponsal y posterior diputado, acusado directamente por Juan Ramón Jiménez de dirigir el asalto e incautarse de numeroso material que jamás devolvió.
Félix Ros: Implicado directo en el registro; aunque devolvió algunos objetos tras ser denunciado judicialmente, retuvo parte del patrimonio.
Carlos Martínez Barbeito: Reconoció el asalto justificándolo bajo el pretexto de «salvar» documentos, llegando a restituir una caja con manuscritos, una cartera de piel y una veintena de volúmenes.
La censura sobre este suceso perduró durante décadas. No fue sino hasta la revisión del libro autobiográfico Guerra en España en 2009 cuando se publicaron formalmente y sin trabas las identidades completas de los asaltantes, destapando el velo de impunidad que protegió a sus autores.
A través de gestiones personales de intermediarios como Juan Guerrero Ruiz, José María Pemán y el propio Vivanco, la familia logró recuperar parte de los libros en establecimientos de ocasión —muchos de ellos con las dedicatorias arrancadas, como el que encontró el propio Azorín—. Sin embargo, piezas fundamentales como el célebre retrato de Vázquez Díaz desaparecieron para siempre.
El impacto emocional del saqueo debilitó profundamente la salud mental de Juan Ramón Jiménez, hundiéndolo en severas crisis depresivas durante su exilio en América. Aunque en 1956 la concesión del Premio Nobel de Literatura facilitaba un eventual regreso a su patria, el poeta moguereño se negó rotundamente a pisar una España sombría. Falleció en Puerto Rico en1958, llevando consigo hasta el final el dolor indeleble del despojo y la dignidad insalvable de quien prefirió la libertad antes que el servilismo.
“Conocer y respetar la Historia es entender más las situaciones vividas y comprender mejor las realidades actuales”.

Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Centro de Estudios Manuel Azaña. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD.HH.- Medalla del Empecinado.- Un Comunero – Empecinado.

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Emma Bonino: El adiós a una luchadora incansable por las libertades y los DD.HH

15/09/2026 Francisco José Alonso

por Fco. José Alonso Rodríguez, 15 de Septiembre de 2026

La política italiana pierde a uno de sus referentes más sólidos con el fallecimiento de Emma Bonino en Roma a los 78 años, víctima de un cáncer de pulmón. Su marcha deja un vacío imborrable en el panorama de la Europa contemporánea. Durante los últimos 50 años, Bonino no solo fue testigo de la evolución democrática de su país y del continente, sino que actuó como una fuerza de la naturaleza destinada a ensanchar los márgenes de los derechos civiles.

Su irrupción en la esfera pública comenzó muy joven. Con tan solo 27 años fue elegida diputada por el Partido Radical, marcando el inicio de una carrera institucional de una intensidad abrumadora. Sin embargo, la auténtica raíz de su compromiso cívico no nació en los despachos parlamentarios, sino en una vivencia íntima y dolorosa: en 1974, cuando debió someterse a un aborto en una clínica clandestina.

Aquella experiencia traumática moldeó su convicción ética. Con la firme determinación de que «nunca nadie más debería tener que sufrir esa humillación», frase que convirtió en su estandarte vital, dedicó sus mayores esfuerzos a la defensa de la dignidad y los derechos de las mujeres, enfrentándose al tabú de la época para garantizar la protección e integridad de la vida en condiciones de legalidad y amparo médico. A lo largo de los años, su estatura política se consolidó en la trinchera global.

Galardonada con el premio Príncipe de Asturias y nombrada Ministra de Asuntos Exteriores de Italia, Emma entendió las relaciones internacionales no como una diplomacia de salón, sino como un compromiso directo con las causas éticas. Tener la oportunidad de coincidir con ella en Congresos y coloquios sobre la Paz, los Derechos Humanos y la situación del Sahara Occidental permitía comprobar de primera mano la determinación de una mujer que jamás concedía espacio a la tibieza. Su voz, siempre clara y valiente, destacaba por defender a los pueblos desfavorecidos y los valores universales con la misma pasión con la que abordaba la gestión institucional.

Como Comisaria Europea de Pesca, Consumo y Asuntos Humanitarios, desplegó un liderazgo tenaz. Lejos de acomodarse en la burocracia comunitaria, se mostró como una defensora inquebrantable de los derechos e intereses pesqueros de Europa frente a potencias comerciales y diplomáticas complejas como Marruecos y Canadá. Su habilidad para negociar en escenarios altamente tensionados combinaba una firmeza irreductible con un profundo sentido de la justicia.
Emma Bonino se marcha tras combatir durante años con entereza contra la enfermedad, sin abandonar jamás la esfera pública ni el compromiso político. Su legado va mucho más allá de los cargos que ostentó como parlamentaria, comisaria o ministra. Queda en la memoria colectiva la imagen de una activista indomable que transformó sus propias heridas en una causa común por la libertad, la igualdad y los derechos fundamentales.

Con su partida, Europa despide a una de sus miradas más lúcidas y a una luchadora que hizo de la coherencia y la valentía su principal seña de identidad. Mi acercamiento a Emma Bonino fue por medio de nuestro amigo común Federico Mayor Zaragoza que también nos dejó, Amigos descansad en Paz, no seréis olvidados pues habéis dejado semilla entre nosotros.

Politólogo. – Sociólogo. – Presidente de la Liga Española Pro Derechos Humanos. – Premio Internacional de DD. HH

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El Ateneo de Madrid: La «Puta Casa» de Luis Arroyo

02/09/2026 Francisco José Alonso

El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 02 de Septiembre de 2026.

En casi medio siglo de vida ateneísta, habiendo recorrido sus pasillos, debatido en sus salones y contado con el reconocimiento explícito y por carta de varios de sus presidentes a lo largo de las décadas, resulta imposible contemplar sin estupor e indignación lo que está ocurriendo hoy en el Ateneo de Madrid. La institución, que fue faro del pensamiento crítico, refugio de la libertad de expresión y templo de la cultura en España, atraviesa uno de los episodios más oscuros y deplorables de su historia bicentenaria. Y lo más sangrante no es solo la deriva a la que está siendo sometida, sino el asentimiento pasivo de los verdaderos socios frente al avance de un grupo organizado cuya única meta es despojar al Ateneo de su esencia.

No estamos ante una junta directiva tradicional ni ante un proyecto cultural divergente; estamos ante un desembarco perfectamente calculado para desvirtuar los fines fundacionales de la casa. Un grupo de “falsos progresistas de caviar” concibió el asalto a la institución no en las bibliotecas ni en las aulas de debate, sino en un entorno de copas. Entre trago y trago, y en medio de un estilo de vida que el propio Luis Arroyo (tengo vicios) no ha dudado en exhibir, se planificó minuciosamente cómo tomar las riendas del Ateneo de Madrid. El objetivo nunca fue cultural, sociológico ni educativo. Las verdaderas motivaciones han sido estrictamente mercantiles, de proyección personal y de comportamiento sectario.

Es preciso hacer una distinción clara para no desviar la responsabilidad: esto no es una maniobra orquestada por el PSOE como Partido. Socios ateneístas militantes o simpatizantes del PSOE contemplan este espectáculo con profunda vergüenza, indignados al ver cómo se utilizan unas siglas históricas como reclamo y escudo protector para justificar un proyecto desprovisto de valores éticos y morales, lleno de violaciones al Reglamento del Ateneo y a la Ley.

Nunca el Ateneo de Madrid había tenido al frente a un presidente con un perfil tan ajeno a la altura intelectual que exige el cargo. Hablamos de una figura caracterizada por la escasez de bagaje cultural, la agresividad en el trato y una constante inestabilidad emocional. Resulta harto elocuente que, tras habérsele solicitado en reiteradas ocasiones que acredite su formación académica y muestre la licenciatura que dice poseer, sea incapaz de enseñarla. Su presencia en medios de comunicación no responde al perfil de un analista o intelectual de peso; actúa más bien como un polemista contratado para el ataque y la difamación, dejando al descubierto una alarmante carencia de poso cultural y un temperamento violento y agresivo.

El clima dentro de las Juntas de Socios ha degenerado hasta límites intolerables. Las sesiones se han convertido en un escenario de crispación donde resuenan con frecuencia gritos a su persona de «¡Dictador!», «¡Fascista!» o acusaciones directas de haber llegado a la institución para enriquecerse a costa de su patrimonio. Lejos de actuar con la templanza y la dignidad institucional que requiere la presidencia, la respuesta de Luis Arroyo ante las protestas de los socios por las severas irregularidades cometidas ha sido el insulto directo, tildando de «sinvergüenzas» a quienes se oponen a su gestión. Se refiere al Ateneo como “Mi Puta Casa”, agredido a un trabajador dentro del Ateneo llamándolo “Hijo de Puta”, trabajador que estaba realizando con su trabajo, se puede consultar video que avergüenza a los Ateneístas.

La gravedad de los hechos escala aún más en el terreno de las coacciones. Se ha llegado al extremo de amenazar a socios con enviarles sicarios para silenciar sus críticas. Del mismo modo, resulta inadmisible la utilización del nombre de Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como herramienta de amedrentamiento. Arroyo ha llegado a alardear ante distintos miembros de la casa de contar con supuesta información y documentos facilitados por el exdirector del CNI para «hundir» a quienes le resultan incómodos, situando en una posición del todo comprometida a personalidades de las instituciones del Estado con tal de infundir temor. “Si es falso es grave, además difama al que dice que le proporcionó esos datos falsos, y si es cierto que le suministraron esa información falsa, es todavía más grave porque acusa a quien se los suministró de buscar, guardar, y difundir datos falsos que habría sustraído del CNI de robar documentos Oficiales.”

Sin embargo, esa fachada de bravuconería y despotismo solo se sostiene cuando se encuentra arropado por su entorno de acólitos, quienes aplauden y amparan la violencia verbal y las irregularidades de su gestión. Esa supuesta valentía se desvanece por completo en cuanto cruza el umbral de un juzgado. Ante la presencia de un Juez, el perfil agresivo muta de forma inmediata en el de un cordero dócil: «Su señoría, soy un hombre honorable, padre de cinco hijos, yo nunca miento, amenazo ni difamo». Todo ello tras haber proferido graves descalificaciones e insultos momentos antes contra cuatro históricos ateneístas justo en las puertas de la propia sala de vistas, por no mencionar en las Juntas de Socios del Ateneo.

Este comportamiento confirma una máxima bien conocida en la vida pública: los delincuentes de cuello blanco y los gestores autoritarios solo exhiben fortaleza cuando ostentan las cuotas de poder o están rodeados por sus palmeros. Ante la ley y la justicia formal, revelan su verdadera naturaleza cobarde.

El Ateneo de Madrid no puede continuar siendo la finca personal de un grupo que lo ha rebajado a la categoría de mercadeo y crispación. Los socios reales, aquellos que entienden la historia, el prestigio y el propósito cultural de esta casa, tienen la responsabilidad moral de alzarse frente a la arbitrariedad, recuperar los fines fundacionales y devolverle a la institución la dignidad que le ha sido arrebatada. Para ello Liberales 92 y Red Ateneista y los Ateneístas nobles y dignos, deben tener claro que la Ley y el Reglamento es la única forma de impedir que la delincuencia organizada no cumpla sus propósitos y en eso debemos centrar nuestras energías.

“Intentar silenciar la verdad, no la hace desaparecer, ni se evapora el delito”.

Politólogo. -Sociologo.Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD.HH.- “Un Comunero-Empecinado”.

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La Sombra de la Impunidad: «Julito» Martínez y la trama de presuntos Testaferros

28/08/2026 Francisco José Alonso

por Fco. José Alonso Rodríguez, 27 de Agosto de 2026.

El entramado societario que rodea a Julio Martínez Martínez, conocido popularmente como «Julito», expone una de las operativas más complejas del presunto crimen de cuello blanco en la política española reciente. Natural de Elda (Alicante), la figura de Martínez ha emergido en las investigaciones judiciales como un perfil clave: el intermediario que, tras haber estado vinculado en su día al entorno del expresidente valenciano Eduardo Zaplana, redirigió presuntamente sus servicios de facilitador hacia el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La hipótesis que manejan los investigadores sitúa a Martínez como el presunto testaferro encargado de articular las vías para el cobro y blanqueo de mordidas a cambio de influencias en la administración pública.

Sin embargo, lo que agrava sustancialmente la vertiente moral y penal de este caso es la aparente falta de pudor al involucrar en el engranaje a su propio entorno familiar, especialmente a su hermano Manuel Martínez Martínez.

La investigación liderada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional saca a la luz un complejo entramado societario en el que Manuel consta vinculado a cerca de un centenar de empresas activas. La inmensa mayoría de estas entidades carecen de infraestructura comercial real: no disponen de sede física, página web, teléfono de contacto ni actividad mercantil continuada, pero se mantienen dadas de alta legalmente.

La relevancia de esta red opaca cobró dimensiones judiciales tras el controvertido rescate público de la aerolínea Plus Ultra. Según las investigaciones de la UDEF, inmediatamente después del rescate estatal, Julio Martínez asumió el control administrativo de doce sociedades que pertenecían a su hermano Manuel. De esa remesa, al menos nueve empresas instrumentales habrían sido utilizadas de forma directa para presuntamente canalizar pagos e inyecciones de fondos bajo investigación por valor de más de 800.000 euros. La tesis policial apunta a que este traspaso masivo de sociedades no fue casual, sino un movimiento premeditado para crear una cortina de humo societaria capaz de camuflar el rastro del dinero y blindar a los verdaderos beneficiarios de las comisiones.

Frente a la contundencia de las pruebas documentales recopiladas por la policía judicial y las comparecencias ante la Audiencia Nacional, la opinión pública observa con creciente escepticismo e indignación la situación procesal de los implicados. Se cuestiona abiertamente por qué un perfil de estas características no se encuentra bajo medida de prisión preventiva, planteando la sospecha de si Martínez podría haber cerrado ya un pacto de colaboración con la Fiscalía —al estilo de figuras mediáticas de otros esquemas de corrupción como Víctor de Aldama— para atenuar responsabilidades a cambio de señalar a las esferas superiores.

El comportamiento procesal de este tipo de entramados responde al patrón habitual de los delitos económicos de guante blanco. Aquellos que operan al amparo de las estructuras del poder confían frecuentemente en domesticar la acción de la Justicia mediante el uso dilatado de recursos, dilaciones indebidas y maniobras técnicas orientadas a forzar la prescripción de los delitos. Es una estrategia basada en agotar los plazos legales para garantizar el archivo de las causas sin entrar en el fondo del asunto.

No existe mayor acto de cobardía ante el sistema judicial que instrumentalizar la influencia o el poder político para cometer ilícitos y, posteriormente, parapetarse tras el paso del tiempo para eludir la acción penal. Pretender que el transcurso de los años borre la gravedad de los hechos es un espejismo impune: intentar silenciar el delito con prescripciones no lo hace desaparecer. La ciudadanía exige una respuesta firme y sin dilaciones por parte de los tribunales para esclarecer hasta las últimas consecuencias la responsabilidad del clan Martínez y el alcance real de sus ramificaciones políticas.

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El Tratado de Wad-Ras

25/08/2026 Francisco José Alonso

El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 24 de Agosto de 2026

El Tratado de Wad-Ras, se firmó el 26 de abril de 1860 entre la Monarquía Española y el Sultanato de Marruecos, representa un hito fundamental en la historia diplomática y territorial del norte de África. Este acuerdo puso fin a la Guerra de África (1859-1860), un conflicto bélico motivado por los constantes ataques e incursiones de las cabilas rifeñas contra el perímetro defensivo de Ceuta. Aunque en el imaginario popular el conflicto suele asociarse a episodios de exaltación patriótica y a figuras como el general Leopoldo O’Donnell y Juan Prim, el tratado consolidó un marco jurídico-político determinante para la delimitación fronteriza y la soberanía española en la región.

Un punto crucial que exige claridad histórica es la verdadera relación entre el Tratado de Wad-Ras y la soberanía de Ceuta y Melilla. A menudo se incurre en el error conceptual de afirmar que Ceuta y Melilla «pasaron a ser españolas» a raíz de este acuerdo de 1860. La realidad histórica y jurídica es sensiblemente distinta: la españolidad de ambas ciudades era un hecho inmemorial e ininterrumpido desde hacía siglos, y lo que hizo el Tratado de Wad-Ras no fue otorgar un título de propiedad sobre ellas, sino reconocer, ratificar y ampliar sus perímetros defensivos y sus fronteras terrestres.

Ceuta formaba parte de la Corona de Portugal desde 1415 y quedó integrada en la Monarquía Hispánica en 1580; tras la independencia portuguesa en 1640, la ciudad decidió libremente mantener su fidelidad al rey de España, lo que quedó formalizado en el Tratado de Lisboa de 1668. Por su parte, Melilla se incorporó a la Corona de Castilla en 1497 por iniciativa del Duque de Medina Sidonia y ratificación de los Reyes Católicos, habiendo sido española de forma ininterrumpida desde finales del siglo XV. Por lo tanto, cuando se firmó la paz en 1860, ni el Reino de España ni el Sultanato de Marruecos negociaron la soberanía originaria de estas plazas, la cual no estaba en discusión.

Lo que sí articuló el Tratado de Wad-Ras en su Artículo 2º fue la ampliación de los límites jurisdiccionales de Ceuta. Hasta esa fecha, el perímetro de la ciudad se encontraba encajonado y expuesto a constantes hostigamientos desde las alturas del Serrallo. El tratado estipuló la cesión a España de todo el territorio que abarcaba desde el mar hasta las cumbres de Sierra Bullones, fijando la línea fronteriza en el alcance de los tiros del cañón de la plaza. Para determinar esta nueva delimitación con precisión, se acordó el célebre disparo del cañón El Caminante, cuya trayectoria ayudó a fijar el terreno de seguridad y la neutralización de los accesos que garantizarían la defensa efectiva de la ciudad.

En relación con Melilla y los demás presidios españoles (como el Peñón de Vélez de la Gomera y las Islas Alhucemas), el Tratado de Wad-Ras reforzó lo pactado en convenios anteriores —como el Tratado de Convenio de Límites de 1859—, comprometiéndose el Sultán Mohamed IV a adoptar medidas rigurosas contra las tribus fronterizas rebeldes para garantizar la paz y el respeto a los confines establecidos.
Asimismo, el Tratado de Wad-Ras incluyó otros acuerdos territoriales y económicos significativos, como la cesión en perpetuidad del territorio de Santa Cruz de la Mar Pequeña (que más tarde se plasmaría en la presencia en Ifni) para el establecimiento de una pesquería, y el pago de una indemnización de guerra de 200 millones de reales.
En conclusión, el Tratado de Wad-Ras de 1860 no fundó ni inventó la españolidad de Ceuta y Melilla, cuya vinculación e integración en España era ya indiscutible siglos antes de la existencia del Estado marroquí moderno. Su trascendencia estriba en que constituyó un instrumento de Derecho Internacional que fijó de manera formal y definitiva las fronteras terrestres, garantizó la seguridad defensiva de las plazas y reafirmó internacionalmente el estatus de ambas ciudades como partes integrantes e inalienables del territorio español.
“Conocer y respetar la Historia es entender más las situaciones vividas y comprender mejor las realidades actuales”.

Francisco José Alonso Rodríguez. – Politólogo. – Sociólogo. – Presidente de la Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Centro de Estudios Manuel Azaña. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. – Medalla Internacional DD.HH.

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Luisa Ortega: exfiscal General de Venezuela, Zapatero y Bono

24/08/2026 Francisco José Alonso

Es Diario, por Fco. José Alonso Rodríguez, 24 de Agosto de 2026.

Una denuncia ante EE. UU. señala a los políticos españoles por el presunto cobro de 36 millones de dólares en comisiones durante la venta de buques militares en 2005.

El periodismo de investigación y el activismo por los derechos humanos a menudo convergen en un terreno peligroso: la revelación de la verdad frente al poder. En el centro de una de las tramas más complejas de las relaciones bilaterales entre España y Venezuela se encuentra una acusación de calibre internacional que involucra al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y a su entonces ministro de Defensa, José Bono.

Según informaciones y testimonios del entorno de la Liga Española Pro Derechos Humanos, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denuncio ante las autoridades de los Estados Unidos un presunto cobro de comisiones que asciende a 36 millones de dólares. El origen de esta supuesta contraprestación ilícita sería la polémica venta de patrulleras y fragatas a Venezuela, una operación que en su momento desafió el veto tecnológico impuesto por Washington.

Para entender la magnitud del caso, es necesario remontarse al año 2005, cuando el Gobierno español firmó un multimillonario contrato para la venta de buques militares al Gobierno de Hugo Chávez. La operación nació envuelta en la fricción diplomática: la legislación internacional y los tratados de defensa estipulaban la prohibición estricta de vender equipamiento militar a terceros países si este contenía componentes o tecnología de origen estadounidense sin el consentimiento explícito de la Casa Blanca.

El veto de Washington era claro. Sin embargo, la operación siguió adelante bajo la premisa de que los sistemas serían «españolizados» o sustituidos. La denuncia atribuida a Ortega Díaz ante los tribunales norteamericanos apunta a que el negocio no solo vulneró presuntamente estas restricciones, sino que se engrasó mediante el pago de comisiones millonarias desviadas hacia cuentas opacas.

El dilema ético de Luisa Ortega: Entre el miedo y la justicia.

La situación de Luisa Ortega Díaz en España es sumamente delicada. Refugiada en el país junto a su esposo, quien actualmente atraviesa un proceso de salud complejo, la exfiscal se encuentra en una encrucijada humana y jurídica. Por un lado, la comodidad y la seguridad de su estatus residencial en España pesan de manera comprensible sobre sus decisiones familiares. Por otro, su condición de servidora de la justicia la ata a un compromiso ineludible con la transparencia.

Desde la propia Oficina de la Liga Española Pro Derechos Humanos, donde se han mantenido conversaciones directas con ella sobre este asunto, el mensaje es nítido: la verdad debe prevalecer por encima de la comodidad personal. El miedo a una eventual expulsión o a represalias políticas no puede secuestrar documentos que evidencian un delito transnacional. La propia Liga Española Pro Derechos Humanos, se ha ofrecido a asumir la responsabilidad de hacer públicos los papeles que Luisa Ortega aún conserva si ella decide dar el paso definitivo, recordando que estos hechos ya fueron notificados en su momento a la Fiscalía General del Estado español sin obtener una respuesta.

«La verdad no se defiende con retórica, sino con pruebas».

Frente a la gravedad de estas acusaciones, las miradas también se dirigen hacia la estrategia de defensa de los implicados. Figuras del entorno de la comunicación política y de la gestión de crisis, como Luis Arroyo, portavoz vinculado históricamente a sectores del PSOE y señalado críticamente por sectores de la sociedad civil debido a sus agresivas tácticas de comunicación,(regadas con buenos emolumentos por sus colaboraciones en los medios Públicos del Estado Español) tendrá la difícil tarea de contrarrestar un relato que no solo afecta a la reputación personal de Zapatero y Bono, sino al crédito del propio Estado español.

Un delito de esta envergadura, que mezcla el tráfico de influencias, la violación de embargos tecnológicos y la corrupción de alto nivel, no puede prescribir en el olvido social. La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos exigen que Luisa Ortega Díaz rompa el silencio institucional, libere los archivos y permita que la justicia actúe. Mantener la cabeza gacha ante la corrupción solo cronifica la impunidad de quienes, desde los despachos presidenciales, supuestamente se lucraron a costa de la legalidad internacional.

“Intentar silenciar la verdad, no la hace desaparecer ni se evapora el delito”.

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La gran farsa de Ceuta: doble lenguaje, opacidad y compromisos ocultos

24/08/2026 Francisco José Alonso

El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 24 de Agosto de 2026.

La reciente crisis migratoria desatada en Ceuta tras las entradas masivas ha vuelto a dejar al descubierto la estrategia de comunicación opaca y deliberadamente engañosa del Gobierno de España. Lejos de ofrecer un plan riguroso, firme y coordinado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por escenificar un ejercicio de funambulismo político donde se promete una cosa a la opinión pública mientras, por la espalda, se ejecutan planes radicalmente opuestos. La gestión de los menores extranjeros no acompañados se ha convertido en el enésimo escenario de una política de hechos consumados que esconde un profundo déficit de transparencia institucional.

Por un lado, los pesos pesados del Consejo de Ministros han desplegado una narrativa oficial orientada a calmar la indignación social y dar una falsa sensación de control diplomático. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aseveró con tajante rotundidad que la prioridad absoluta era lograr que «todos y cada uno de los menores» regresaran con sus familias a Marruecos. En una línea similar, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apoyaba públicamente el retorno de quienes ingresaron ilegalmente, condicionándolo de forma vaga a los preceptivos trámites judiciales. Este mensaje buscaba proyectar una imagen de firmeza fronteriza y de colaboración fructífera con el reino alauita.

Sin embargo, la cruda realidad desmonta el relato oficial. Mientras se prometía a los ciudadanos la devolución de los menores a su país de origen, el Ministerio de Juventud e Infancia —dirigido por Sira Rego— trabajaba a marchas forzadas en un plan para trasladar de forma urgente a 500 niñas inmigrantes desde Ceuta hacia la península. Para consumar este traslado sin enfrentarse a la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por la oposición (PP y Vox), el Gobierno ha diseñado un retorcido atajo jurídico: mantener la tutela administrativa en la Ciudad Autónoma de Ceuta mientras se delega la guarda física a organizaciones privadas de protección infantil en territorio peninsular.

Con esta triquiñuela legal, el Ejecutivo ningunea las competencias autonómicas y el debate parlamentario, imponiendo un reparto encubierto mientras sigue vendiendo a la opinión pública un supuesto plan de retorno a Marruecos que jamás se ejecuta. Cuando la ministra portavoz, Elma Saiz, fue interpelada sobre estas contradicciones, la respuesta fue la evasiva sistemática

y el refugio en clichés conceptuales como el «interés superior del menor» o el anuncio de transferencias millonarias. Ninguna explicación plausible sobre por qué se afirma negociar devoluciones con Rabat mientras de facto se organiza el reparto masivo por la geografía nacional.

Este engaño sistemático no puede analizarse como un mero error de coordinación ministerial, sino como el síntoma de una servidumbre política preocupante. ¿Por qué el Ejecutivo de Pedro Sánchez es incapaz de exigir a Marruecos que asuma la responsabilidad sobre sus propios ciudadanos y menores? La respuesta se halla en la nebulosa de compromisos opacos que el presidente y el lobby de poder del PSOE han contraído con la monarquía alauita desde el giro unilateral sobre el Sáhara Occidental.

Desde el viraje diplomático de 2022 —tomado de forma personalista por Sánchez y a espaldas de las Cortes Generales—, la política exterior española hacia Marruecos se caracteriza por la sumisión y la falta de explicaciones. Existen numerosos e intensos intereses entrelazados, redes de influencia y presiones geoestratégicas que parecen atar de pies y manos al Gobierno. Marruecos utiliza la presión migratoria y la gestión de sus fronteras como una herramienta de chantaje político constante, sabedor de que el Palacio de la Moncloa cederá a cualquier pretensión antes que arriesgarse a una grieta en la fachada de la «nueva etapa de amistad».

El pueblo español asiste impotente a un espectáculo donde el Gobierno prefiere tensionar la convivencia territorial, desbordar las capacidades de acogida peninsulares y bordear el choque constitucional con las comunidades autónomas antes que exigir de forma firme al Gobierno marroquí el cumplimiento de los tratados internacionales de repatriación de menores. Es hora de que Pedro Sánchez rinda cuentas de forma transparente, aclare qué compromisos personales y partidistas mantiene con el régimen marroquí y deje de tratar a los ciudadanos españoles como meros espectadores de su permanente política de la confusión.

Francisco José Alonso Rodríguez. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional de DD. HH.

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El crimen de Estado contra «El Empecinado»: 201 años del martirio constitucional frente a la felonía de Fernando VII

20/08/2026 Francisco José Alonso

por Fco. José Alonso Rodríguez, 20 de Agosto de 2026.

18 agosto 2026

El 19 de agosto de 1825, la Plaza Mayor de Roa (Burgos) presenció uno de los episodios más oscuros e ignominiosos de la historia de España. Por orden directa del monarca absolutista Fernando VII, el heroico militar Juan Martín Díez, universalmente conocido como «El Empecinado», moría en la horca tras soportar casi dos años de presidio en condiciones inhumanas. Aquella ejecución no constituyó un acto de justicia, sino un deliberado crimen de Estado dictado por la sed de venganza de un régimen tiránico e incapaz de tolerar la dignidad de quien jamás traicionó sus principios constitucionales.

Nacido en 1775 en Castrillo de Duero (Valladolid) —cuyos habitantes recibían el gentilicio de «empecinados» por las pecinas o cieno de su arroyo local—, Juan Martín encarnó el espíritu del pueblo llano alzado en armas. Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), este campesino reconvertido en genio militar revolucionó la táctica bélica al inventar la guerra de guerrillas, hostigando sin descanso a las tropas napoleónicas y ganándose la admiración de la nación hasta alcanzar el rango de Capitán General.

Sin embargo, el compromiso de El Empecinado no se limitaba a expulsar al invasor extranjero; su verdadero ideal era la libertad y la soberanía popular. Al promulgarse la Constitución de Cádiz de 1812 —«La Pepa»—, la juró con la convicción de que la independencia patria resultaba estéril sin la igualdad ante la ley. Años más tarde, tras el retorno de Fernando VII y el posterior periodo del Trienio Liberal (1820-1823), Martín Díez mantuvo una lealtad inquebrantable hacia el orden constitucional.
Frente a la firmeza ética del héroe castellano, la figura de Fernando VII representa el reverso más amargo de la Corona española. Conocido popularmente en sus inicios como «el Deseado», el monarca pasó a la historia con el merecido epíteto de «el Felón». Gobernante ladino, desconfiado y chabacano, Fernando VII ejerció el poder guiado por la pura supervivencia personal y el nepotismo, rodeándose de camarillas corruptas e inclinándose servilmente ante Napoleón mientras la población civil entregaba su vida en los campos de batalla. Pese a haber jurado la carta magna con la célebre frase «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional», el rey traicionó cada una de sus promesas, reinstaurando un absolutismo voraz dedicado a perseguir y exterminar a liberales y afrancesados. Incapaz de someter a El Empecinado en el campo de batalla de las ideas,
El régimen absolutista intentó comprar su silencio. Fernando VII le ofreció honores, cuantiosas sumas de dinero y títulos nobiliarios a cambio de retractarse de la causa liberal.
La respuesta del guerrillero resuena dos siglos después como una lección magistral de ética pública:

«Diga usted al rey que, si no quería la constitución, que no la hubiera jurado; que el Empecinado la juró y jamás cometerá la infamia de faltar a sus juramentos».

Ante semejante integridad, la Corona optó por el escarmiento violento. Tras ser apresado en Olmos de Peñafiel, sufriendo vejaciones y aislamiento en Roa, fue conducido al cadalso en un proceso desprovisto de cualquier garantía legal. Aquel 19 de agosto de 1825 pretendieron borrar con la soga el ejemplo de una vida consagrada a la patria y al derecho.
Hoy, al cumplirse el 201.º aniversario de su asesinato, la sociedad civil y diversas entidades rinden homenaje a este faro ético. Convocados por el Círculo Cultural Juan Martín ‘El Empecinado’, los actos conmemorativos se despliegan en la geografía castellana: a las 12:00 horas en Burgos, mediante un tributo floral ante el mausoleo donde reposan sus restos, y a las 20:00 horas en Valladolid, frente a la casa que habitó el militar. Asimismo, colectivos como el Partido Nacionalista de Castilla y León (PANCAL-URCi),el Ateneo Cultural Villalar y el Centro de Estudios Manuel Azaña, reiteran la histórica petición para que el Ayuntamiento de Burgos autorice el traslado de sus restos mortales a Castrillo de Duero, haciendo honor al deseo del héroe y de sus descendientes.
Recordar a El Empecinado en esta efeméride no es un mero ejercicio de nostalgia histórica, sino una reivindicación plenamente vigente. Su sacrificio recuerda que el honor, el cumplimiento de la palabra dada y la defensa del imperio de la ley no se negocian ni se someten ante el despotismo. Dos siglos después, la terquedad democrática de Juan Martín prevalece sobre la sombra del gobernante felón que ordenó su asesinado de Estado. “El odio no es algo natural e inevitable, se programa y Fernando VII programo el asesinado de Estado del “El Empecinado”. La dignidad de El Empecinado era la demostración de su ignominia ante el Pueblo.

Francisco José Alonso Rodríguez. – Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos.- Círculo Cultural Juan Martín El Empecinado Madrid.- Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD.HH.

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El Cristoneofascismo y la Quiebra de la Alianza Político-Religiosa

17/08/2026 Francisco José Alonso

El Dia de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 17 de Agosto de 2026.

En el escenario político global actual se observa el avance de corrientes de extrema derecha que, apoyadas en el capitalismo ultraliberal, instrumentalizan los símbolos y narrativas del cristianismo para legitimar discursos excluyentes y autoritarios. A este fenómeno, el reconocido teólogo español Juan José Tamayo lo ha denominado «Cristoneofascismo» (o la Internacional Cristoneofascista), una categoría analítica desarrollada ampliamente en sus obras, como La Internacional del Odio (Editorial Icaria) y La compasión en un mundo injusto.

El concepto de cristofascismo fue acuñado originalmente en 1970 por la teóloga evangélica alemana Dorothee Sölle para denunciar cómo sectores de la Iglesia respaldaron la ideología nazi. Retomando esa memoria histórica, Tamayo actualizó el término al acuñar «cristoneofascismo» para describir una nueva alianza política y religiosa:

«Una estrecha simbiosis entre la extrema derecha ultraliberal y los movimientos cristianos integristas, donde los valores del Evangelio se pervierten para convertirlos en herramientas de odio, patriarcado y exclusión.»

Esta corriente promueve un retorno explícito a la comunión entre política y religión, rompiendo la laicidad del Estado. A través de este matrimonio ideológico, líderes ultraconservadores apelan a «la fe, la patria y la familia tradicional» para desmantelar avances sociales y recortar derechos a minorías.

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la investigación teológica es que esta corriente no opera de forma marginal; encuentra refugio y legitimación en las propias estructuras de la Iglesia. Tamayo advierte que sectores episcopales y obispos de línea dura —críticos con las reformas del Vaticano— han abierto la puerta a estos movimientos, ofreciendo amparo doctrinal y cobertura mediática a discursos radicalizados.

Esta fractura interna sitúa a la jerarquía más conservadora en rumbo de colisión directo con el magisterio reciente de la Santa Sede.

Frente al avance del cristoneofascismo, la autoridad moral de los dos últimos pontífices ha actuado como un muro de contención fundamental ante la instrumentalización de la fe:

Benedicto XVI (Joseph Ratzinger): Advirtió de forma reiterada contra la «dictadura del relativismo» y condenó el intento de utilizar la fe como un instrumento ideológico de poder. Como teólogo, siempre defendió que el cristianismo no puede transformarse en una ideología política ni en un sistema estatista de imposición.

Francisco (Jorge Mario Bergoglio): Ha sido la voz más crítica frente al populismo reaccionario. A través de encíclicas como Fratelli Tutti (sobre la fraternidad y la amistad social) y sus constantes llamamientos a la acogida de migrantes y a la justicia social, el Papa Francisco ha denunciado que el nacionalismo xenófobo y el odio no pueden legitimarse jamás bajo el nombre de Cristo.

El trabajo crítico de Juan José Tamayo pone de manifiesto el grave riesgo que supone secularizar lo sagrado para fines antidemocráticos. Frente al riesgo de una fe convertida en trinchera ideológica, el camino trazado por el Magisterio de la Iglesia y por la teología de la liberación exige recordar que el corazón del mensaje cristiano radica en la compasión, la fraternidad universal y la defensa inquebrantable de la dignidad humana.

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La sombra del Majzén sobre Ceuta

17/08/2026 Francisco José Alonso

El Distrito, por Fco. José Alonso Rodríguez, 17 de Agosto de 2026.

Lo sucedido a finales de julio de 2026 en la frontera de Ceuta no fue una marejada humana espontánea ni una desafortunada coincidencia fruto de la desesperación puntual. La irrupción de cerca de 80.000 personas en la ciudad autónoma en cuestión de pocas horas constituye un episodio sin precedentes que ha superado cualquier antecedente en la historia reciente de las fronteras hispano-marroquíes. Intentar reducir un despliegue de semejante magnitud a un mero «efecto llamado» movilizado de forma caótica a través de redes sociales es ignorar deliberadamente el funcionamiento del aparato del Estado marroquí. Todo apunta a que estamos ante una operación minuciosamente diseñada y trabajada durante meses desde las altas esferas del poder alauita, bajo la dirección o el implícito consentimiento del rey Mohamed VI, ya que sin su autorización expresa nada de este calado ocurre en sus fronteras.

Para que decenas de miles de personas converjan de manera simultánea en un punto geográfico tan preciso como las inmediaciones de Castillejos y los espigones del Tarajal y Benzú, se requiere una infraestructura organizativa que no se improvisa en cuestión de días.

• Movilización de transportes a gran escala: El desplazamiento masivo de jóvenes, familias y colectivos procedentes de diversos puntos del interior de Marruecos requirió una red de transportes y desplazamientos coordinados a escala regional y nacional.

• Inacción deliberada de las fuerzas de seguridad: Marruecos mantiene uno de los dispositivos policiales y militares más severos e intrusivos de la región norteafricana, con una presencia férrea en el perímetro fronterizo con España. La apertura de facto o la pasividad absoluta de la gendarmería en los controles durante las horas clave solo puede responder a una orden directa y jerárquica de levantar la guardia.

• Infiltración y agitación digital organizada: Aunque los canales de mensajería instantánea y las redes sociales sirvieron como altavoz, la creación de la narrativa y la difusión masiva previa requirieron semanas de preparación estratégica para canalizar y dirigir el flujo hacia la frontera.

En la estructura política de Marruecos, donde la cúpula militar, la gendarmería y los servicios de inteligencia responden en última instancia al Palacio Real, un movimiento fronterizo de estas características es absolutamente imposible de ejecutar sin la luz verde del Majzén.

Marruecos ha demostrado históricamente una maestría indiscutible en la utilización de la presión migratoria como baza en su agenda de política exterior. Lo vivido en Ceuta no es más que la manifestación más extrema de lo que los analistas militares denominan guerra híbrida: utilizar flujos humanos como un elemento de presión geopolítica, económica y social sobre el vecino del norte.

A este escenario hay que añadir que las recientes declaraciones de los ministros españoles afirmando que los migrantes volverán a Marruecos tras entablar conversaciones con sus homólogos no son más que una cortina de humo mediática. La postura de Rabat hacia España es constante: emitir señales inequívocas de que son ellos quienes marcan los tiempos, las pausas y las condiciones en la relación bilateral, tanto en el ámbito comercial como en el diplomático.

Al mismo tiempo, la ciudadanía exige explicaciones claras y veraces por parte del presidente Pedro Sánchez sobre la verdadera naturaleza de su relación con el reino alauita. Tras los episodios de espionaje a través de su dispositivo móvil y los giros diplomáticos opacos de los últimos años, la transparencia absoluta sobre los compromisos asumidos con Rabat ya no es una opción política, sino un imperativo de seguridad nacional.

Francisco José Alonso Rodriguez. -Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. -Centro Cultural Ateneos. – Premio a las Libertades. – Medalla Internacional DD.HH.

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