La Sombra de la Impunidad: «Julito» Martínez y la trama de presuntos Testaferros

por Fco. José Alonso Rodríguez, 27 de Agosto de 2026.

El entramado societario que rodea a Julio Martínez Martínez, conocido popularmente como «Julito», expone una de las operativas más complejas del presunto crimen de cuello blanco en la política española reciente. Natural de Elda (Alicante), la figura de Martínez ha emergido en las investigaciones judiciales como un perfil clave: el intermediario que, tras haber estado vinculado en su día al entorno del expresidente valenciano Eduardo Zaplana, redirigió presuntamente sus servicios de facilitador hacia el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La hipótesis que manejan los investigadores sitúa a Martínez como el presunto testaferro encargado de articular las vías para el cobro y blanqueo de mordidas a cambio de influencias en la administración pública.

Sin embargo, lo que agrava sustancialmente la vertiente moral y penal de este caso es la aparente falta de pudor al involucrar en el engranaje a su propio entorno familiar, especialmente a su hermano Manuel Martínez Martínez.

La investigación liderada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional saca a la luz un complejo entramado societario en el que Manuel consta vinculado a cerca de un centenar de empresas activas. La inmensa mayoría de estas entidades carecen de infraestructura comercial real: no disponen de sede física, página web, teléfono de contacto ni actividad mercantil continuada, pero se mantienen dadas de alta legalmente.

La relevancia de esta red opaca cobró dimensiones judiciales tras el controvertido rescate público de la aerolínea Plus Ultra. Según las investigaciones de la UDEF, inmediatamente después del rescate estatal, Julio Martínez asumió el control administrativo de doce sociedades que pertenecían a su hermano Manuel. De esa remesa, al menos nueve empresas instrumentales habrían sido utilizadas de forma directa para presuntamente canalizar pagos e inyecciones de fondos bajo investigación por valor de más de 800.000 euros. La tesis policial apunta a que este traspaso masivo de sociedades no fue casual, sino un movimiento premeditado para crear una cortina de humo societaria capaz de camuflar el rastro del dinero y blindar a los verdaderos beneficiarios de las comisiones.

Frente a la contundencia de las pruebas documentales recopiladas por la policía judicial y las comparecencias ante la Audiencia Nacional, la opinión pública observa con creciente escepticismo e indignación la situación procesal de los implicados. Se cuestiona abiertamente por qué un perfil de estas características no se encuentra bajo medida de prisión preventiva, planteando la sospecha de si Martínez podría haber cerrado ya un pacto de colaboración con la Fiscalía —al estilo de figuras mediáticas de otros esquemas de corrupción como Víctor de Aldama— para atenuar responsabilidades a cambio de señalar a las esferas superiores.

El comportamiento procesal de este tipo de entramados responde al patrón habitual de los delitos económicos de guante blanco. Aquellos que operan al amparo de las estructuras del poder confían frecuentemente en domesticar la acción de la Justicia mediante el uso dilatado de recursos, dilaciones indebidas y maniobras técnicas orientadas a forzar la prescripción de los delitos. Es una estrategia basada en agotar los plazos legales para garantizar el archivo de las causas sin entrar en el fondo del asunto.

No existe mayor acto de cobardía ante el sistema judicial que instrumentalizar la influencia o el poder político para cometer ilícitos y, posteriormente, parapetarse tras el paso del tiempo para eludir la acción penal. Pretender que el transcurso de los años borre la gravedad de los hechos es un espejismo impune: intentar silenciar el delito con prescripciones no lo hace desaparecer. La ciudadanía exige una respuesta firme y sin dilaciones por parte de los tribunales para esclarecer hasta las últimas consecuencias la responsabilidad del clan Martínez y el alcance real de sus ramificaciones políticas.

Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Centro de Estudios Manuel Azaña. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. – Medalla Internacional DD. HH

El Tratado de Wad-Ras

El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 24 de Agosto de 2026

El Tratado de Wad-Ras, se firmó el 26 de abril de 1860 entre la Monarquía Española y el Sultanato de Marruecos, representa un hito fundamental en la historia diplomática y territorial del norte de África. Este acuerdo puso fin a la Guerra de África (1859-1860), un conflicto bélico motivado por los constantes ataques e incursiones de las cabilas rifeñas contra el perímetro defensivo de Ceuta. Aunque en el imaginario popular el conflicto suele asociarse a episodios de exaltación patriótica y a figuras como el general Leopoldo O’Donnell y Juan Prim, el tratado consolidó un marco jurídico-político determinante para la delimitación fronteriza y la soberanía española en la región.


Un punto crucial que exige claridad histórica es la verdadera relación entre el Tratado de Wad-Ras y la soberanía de Ceuta y Melilla. A menudo se incurre en el error conceptual de afirmar que Ceuta y Melilla «pasaron a ser españolas» a raíz de este acuerdo de 1860. La realidad histórica y jurídica es sensiblemente distinta: la españolidad de ambas ciudades era un hecho inmemorial e ininterrumpido desde hacía siglos, y lo que hizo el Tratado de Wad-Ras no fue otorgar un título de propiedad sobre ellas, sino reconocer, ratificar y ampliar sus perímetros defensivos y sus fronteras terrestres.


Ceuta formaba parte de la Corona de Portugal desde 1415 y quedó integrada en la Monarquía Hispánica en 1580; tras la independencia portuguesa en 1640, la ciudad decidió libremente mantener su fidelidad al rey de España, lo que quedó formalizado en el Tratado de Lisboa de 1668. Por su parte, Melilla se incorporó a la Corona de Castilla en 1497 por iniciativa del Duque de Medina Sidonia y ratificación de los Reyes Católicos, habiendo sido española de forma ininterrumpida desde finales del siglo XV. Por lo tanto, cuando se firmó la paz en 1860, ni el Reino de España ni el Sultanato de Marruecos negociaron la soberanía originaria de estas plazas, la cual no estaba en discusión.


Lo que sí articuló el Tratado de Wad-Ras en su Artículo 2º fue la ampliación de los límites jurisdiccionales de Ceuta. Hasta esa fecha, el perímetro de la ciudad se encontraba encajonado y expuesto a constantes hostigamientos desde las alturas del Serrallo. El tratado estipuló la cesión a España de todo el territorio que abarcaba desde el mar hasta las cumbres de Sierra Bullones, fijando la línea fronteriza en el alcance de los tiros del cañón de la plaza. Para determinar esta nueva delimitación con precisión, se acordó el célebre disparo del cañón El Caminante, cuya trayectoria ayudó a fijar el terreno de seguridad y la neutralización de los accesos que garantizarían la defensa efectiva de la ciudad.


En relación con Melilla y los demás presidios españoles (como el Peñón de Vélez de la Gomera y las Islas Alhucemas), el Tratado de Wad-Ras reforzó lo pactado en convenios anteriores —como el Tratado de Convenio de Límites de 1859—, comprometiéndose el Sultán Mohamed IV a adoptar medidas rigurosas contra las tribus fronterizas rebeldes para garantizar la paz y el respeto a los confines establecidos.
Asimismo, el Tratado de Wad-Ras incluyó otros acuerdos territoriales y económicos significativos, como la cesión en perpetuidad del territorio de Santa Cruz de la Mar Pequeña (que más tarde se plasmaría en la presencia en Ifni) para el establecimiento de una pesquería, y el pago de una indemnización de guerra de 200 millones de reales.
En conclusión, el Tratado de Wad-Ras de 1860 no fundó ni inventó la españolidad de Ceuta y Melilla, cuya vinculación e integración en España era ya indiscutible siglos antes de la existencia del Estado marroquí moderno. Su trascendencia estriba en que constituyó un instrumento de Derecho Internacional que fijó de manera formal y definitiva las fronteras terrestres, garantizó la seguridad defensiva de las plazas y reafirmó internacionalmente el estatus de ambas ciudades como partes integrantes e inalienables del territorio español.
“Conocer y respetar la Historia es entender más las situaciones vividas y comprender mejor las realidades actuales”.


Francisco José Alonso Rodríguez. – Politólogo. – Sociólogo. – Presidente de la Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Centro de Estudios Manuel Azaña. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. – Medalla Internacional DD.HH.

Luisa Ortega: exfiscal General de Venezuela, Zapatero y Bono

Es Diario, por Fco. José Alonso Rodríguez, 24 de Agosto de 2026.

Una denuncia ante EE. UU. señala a los políticos españoles por el presunto cobro de 36 millones de dólares en comisiones durante la venta de buques militares en 2005.

El periodismo de investigación y el activismo por los derechos humanos a menudo convergen en un terreno peligroso: la revelación de la verdad frente al poder. En el centro de una de las tramas más complejas de las relaciones bilaterales entre España y Venezuela se encuentra una acusación de calibre internacional que involucra al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y a su entonces ministro de Defensa, José Bono.

Según informaciones y testimonios del entorno de la Liga Española Pro Derechos Humanos, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denuncio ante las autoridades de los Estados Unidos un presunto cobro de comisiones que asciende a 36 millones de dólares. El origen de esta supuesta contraprestación ilícita sería la polémica venta de patrulleras y fragatas a Venezuela, una operación que en su momento desafió el veto tecnológico impuesto por Washington.

Para entender la magnitud del caso, es necesario remontarse al año 2005, cuando el Gobierno español firmó un multimillonario contrato para la venta de buques militares al Gobierno de Hugo Chávez. La operación nació envuelta en la fricción diplomática: la legislación internacional y los tratados de defensa estipulaban la prohibición estricta de vender equipamiento militar a terceros países si este contenía componentes o tecnología de origen estadounidense sin el consentimiento explícito de la Casa Blanca.

El veto de Washington era claro. Sin embargo, la operación siguió adelante bajo la premisa de que los sistemas serían «españolizados» o sustituidos. La denuncia atribuida a Ortega Díaz ante los tribunales norteamericanos apunta a que el negocio no solo vulneró presuntamente estas restricciones, sino que se engrasó mediante el pago de comisiones millonarias desviadas hacia cuentas opacas.

El dilema ético de Luisa Ortega: Entre el miedo y la justicia.

La situación de Luisa Ortega Díaz en España es sumamente delicada. Refugiada en el país junto a su esposo, quien actualmente atraviesa un proceso de salud complejo, la exfiscal se encuentra en una encrucijada humana y jurídica. Por un lado, la comodidad y la seguridad de su estatus residencial en España pesan de manera comprensible sobre sus decisiones familiares. Por otro, su condición de servidora de la justicia la ata a un compromiso ineludible con la transparencia.

Desde la propia Oficina de la Liga Española Pro Derechos Humanos, donde se han mantenido conversaciones directas con ella sobre este asunto, el mensaje es nítido: la verdad debe prevalecer por encima de la comodidad personal. El miedo a una eventual expulsión o a represalias políticas no puede secuestrar documentos que evidencian un delito transnacional. La propia Liga Española Pro Derechos Humanos, se ha ofrecido a asumir la responsabilidad de hacer públicos los papeles que Luisa Ortega aún conserva si ella decide dar el paso definitivo, recordando que estos hechos ya fueron notificados en su momento a la Fiscalía General del Estado español sin obtener una respuesta.

«La verdad no se defiende con retórica, sino con pruebas».

Frente a la gravedad de estas acusaciones, las miradas también se dirigen hacia la estrategia de defensa de los implicados. Figuras del entorno de la comunicación política y de la gestión de crisis, como Luis Arroyo, portavoz vinculado históricamente a sectores del PSOE y señalado críticamente por sectores de la sociedad civil debido a sus agresivas tácticas de comunicación,(regadas con buenos emolumentos por sus colaboraciones en los medios Públicos del Estado Español) tendrá la difícil tarea de contrarrestar un relato que no solo afecta a la reputación personal de Zapatero y Bono, sino al crédito del propio Estado español.

Un delito de esta envergadura, que mezcla el tráfico de influencias, la violación de embargos tecnológicos y la corrupción de alto nivel, no puede prescribir en el olvido social. La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos exigen que Luisa Ortega Díaz rompa el silencio institucional, libere los archivos y permita que la justicia actúe. Mantener la cabeza gacha ante la corrupción solo cronifica la impunidad de quienes, desde los despachos presidenciales, supuestamente se lucraron a costa de la legalidad internacional.

“Intentar silenciar la verdad, no la hace desaparecer ni se evapora el delito”.

La gran farsa de Ceuta: doble lenguaje, opacidad y compromisos ocultos

El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 24 de Agosto de 2026.

La reciente crisis migratoria desatada en Ceuta tras las entradas masivas ha vuelto a dejar al descubierto la estrategia de comunicación opaca y deliberadamente engañosa del Gobierno de España. Lejos de ofrecer un plan riguroso, firme y coordinado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por escenificar un ejercicio de funambulismo político donde se promete una cosa a la opinión pública mientras, por la espalda, se ejecutan planes radicalmente opuestos. La gestión de los menores extranjeros no acompañados se ha convertido en el enésimo escenario de una política de hechos consumados que esconde un profundo déficit de transparencia institucional.

Por un lado, los pesos pesados del Consejo de Ministros han desplegado una narrativa oficial orientada a calmar la indignación social y dar una falsa sensación de control diplomático. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aseveró con tajante rotundidad que la prioridad absoluta era lograr que «todos y cada uno de los menores» regresaran con sus familias a Marruecos. En una línea similar, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apoyaba públicamente el retorno de quienes ingresaron ilegalmente, condicionándolo de forma vaga a los preceptivos trámites judiciales. Este mensaje buscaba proyectar una imagen de firmeza fronteriza y de colaboración fructífera con el reino alauita.

Sin embargo, la cruda realidad desmonta el relato oficial. Mientras se prometía a los ciudadanos la devolución de los menores a su país de origen, el Ministerio de Juventud e Infancia —dirigido por Sira Rego— trabajaba a marchas forzadas en un plan para trasladar de forma urgente a 500 niñas inmigrantes desde Ceuta hacia la península. Para consumar este traslado sin enfrentarse a la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por la oposición (PP y Vox), el Gobierno ha diseñado un retorcido atajo jurídico: mantener la tutela administrativa en la Ciudad Autónoma de Ceuta mientras se delega la guarda física a organizaciones privadas de protección infantil en territorio peninsular.

Con esta triquiñuela legal, el Ejecutivo ningunea las competencias autonómicas y el debate parlamentario, imponiendo un reparto encubierto mientras sigue vendiendo a la opinión pública un supuesto plan de retorno a Marruecos que jamás se ejecuta. Cuando la ministra portavoz, Elma Saiz, fue interpelada sobre estas contradicciones, la respuesta fue la evasiva sistemática

y el refugio en clichés conceptuales como el «interés superior del menor» o el anuncio de transferencias millonarias. Ninguna explicación plausible sobre por qué se afirma negociar devoluciones con Rabat mientras de facto se organiza el reparto masivo por la geografía nacional.

Este engaño sistemático no puede analizarse como un mero error de coordinación ministerial, sino como el síntoma de una servidumbre política preocupante. ¿Por qué el Ejecutivo de Pedro Sánchez es incapaz de exigir a Marruecos que asuma la responsabilidad sobre sus propios ciudadanos y menores? La respuesta se halla en la nebulosa de compromisos opacos que el presidente y el lobby de poder del PSOE han contraído con la monarquía alauita desde el giro unilateral sobre el Sáhara Occidental.

Desde el viraje diplomático de 2022 —tomado de forma personalista por Sánchez y a espaldas de las Cortes Generales—, la política exterior española hacia Marruecos se caracteriza por la sumisión y la falta de explicaciones. Existen numerosos e intensos intereses entrelazados, redes de influencia y presiones geoestratégicas que parecen atar de pies y manos al Gobierno. Marruecos utiliza la presión migratoria y la gestión de sus fronteras como una herramienta de chantaje político constante, sabedor de que el Palacio de la Moncloa cederá a cualquier pretensión antes que arriesgarse a una grieta en la fachada de la «nueva etapa de amistad».

El pueblo español asiste impotente a un espectáculo donde el Gobierno prefiere tensionar la convivencia territorial, desbordar las capacidades de acogida peninsulares y bordear el choque constitucional con las comunidades autónomas antes que exigir de forma firme al Gobierno marroquí el cumplimiento de los tratados internacionales de repatriación de menores. Es hora de que Pedro Sánchez rinda cuentas de forma transparente, aclare qué compromisos personales y partidistas mantiene con el régimen marroquí y deje de tratar a los ciudadanos españoles como meros espectadores de su permanente política de la confusión.

Francisco José Alonso Rodríguez. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional de DD. HH.

El crimen de Estado contra «El Empecinado»: 201 años del martirio constitucional frente a la felonía de Fernando VII

por Fco. José Alonso Rodríguez, 20 de Agosto de 2026.

18 agosto 2026


El 19 de agosto de 1825, la Plaza Mayor de Roa (Burgos) presenció uno de los episodios más oscuros e ignominiosos de la historia de España. Por orden directa del monarca absolutista Fernando VII, el heroico militar Juan Martín Díez, universalmente conocido como «El Empecinado», moría en la horca tras soportar casi dos años de presidio en condiciones inhumanas. Aquella ejecución no constituyó un acto de justicia, sino un deliberado crimen de Estado dictado por la sed de venganza de un régimen tiránico e incapaz de tolerar la dignidad de quien jamás traicionó sus principios constitucionales.


Nacido en 1775 en Castrillo de Duero (Valladolid) —cuyos habitantes recibían el gentilicio de «empecinados» por las pecinas o cieno de su arroyo local—, Juan Martín encarnó el espíritu del pueblo llano alzado en armas. Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), este campesino reconvertido en genio militar revolucionó la táctica bélica al inventar la guerra de guerrillas, hostigando sin descanso a las tropas napoleónicas y ganándose la admiración de la nación hasta alcanzar el rango de Capitán General.


Sin embargo, el compromiso de El Empecinado no se limitaba a expulsar al invasor extranjero; su verdadero ideal era la libertad y la soberanía popular. Al promulgarse la Constitución de Cádiz de 1812 —«La Pepa»—, la juró con la convicción de que la independencia patria resultaba estéril sin la igualdad ante la ley. Años más tarde, tras el retorno de Fernando VII y el posterior periodo del Trienio Liberal (1820-1823), Martín Díez mantuvo una lealtad inquebrantable hacia el orden constitucional.
Frente a la firmeza ética del héroe castellano, la figura de Fernando VII representa el reverso más amargo de la Corona española. Conocido popularmente en sus inicios como «el Deseado», el monarca pasó a la historia con el merecido epíteto de «el Felón». Gobernante ladino, desconfiado y chabacano, Fernando VII ejerció el poder guiado por la pura supervivencia personal y el nepotismo, rodeándose de camarillas corruptas e inclinándose servilmente ante Napoleón mientras la población civil entregaba su vida en los campos de batalla. Pese a haber jurado la carta magna con la célebre frase «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional», el rey traicionó cada una de sus promesas, reinstaurando un absolutismo voraz dedicado a perseguir y exterminar a liberales y afrancesados. Incapaz de someter a El Empecinado en el campo de batalla de las ideas,
El régimen absolutista intentó comprar su silencio. Fernando VII le ofreció honores, cuantiosas sumas de dinero y títulos nobiliarios a cambio de retractarse de la causa liberal.
La respuesta del guerrillero resuena dos siglos después como una lección magistral de ética pública:

«Diga usted al rey que, si no quería la constitución, que no la hubiera jurado; que el Empecinado la juró y jamás cometerá la infamia de faltar a sus juramentos».


Ante semejante integridad, la Corona optó por el escarmiento violento. Tras ser apresado en Olmos de Peñafiel, sufriendo vejaciones y aislamiento en Roa, fue conducido al cadalso en un proceso desprovisto de cualquier garantía legal. Aquel 19 de agosto de 1825 pretendieron borrar con la soga el ejemplo de una vida consagrada a la patria y al derecho.
Hoy, al cumplirse el 201.º aniversario de su asesinato, la sociedad civil y diversas entidades rinden homenaje a este faro ético. Convocados por el Círculo Cultural Juan Martín ‘El Empecinado’, los actos conmemorativos se despliegan en la geografía castellana: a las 12:00 horas en Burgos, mediante un tributo floral ante el mausoleo donde reposan sus restos, y a las 20:00 horas en Valladolid, frente a la casa que habitó el militar. Asimismo, colectivos como el Partido Nacionalista de Castilla y León (PANCAL-URCi),el Ateneo Cultural Villalar y el Centro de Estudios Manuel Azaña, reiteran la histórica petición para que el Ayuntamiento de Burgos autorice el traslado de sus restos mortales a Castrillo de Duero, haciendo honor al deseo del héroe y de sus descendientes.
Recordar a El Empecinado en esta efeméride no es un mero ejercicio de nostalgia histórica, sino una reivindicación plenamente vigente. Su sacrificio recuerda que el honor, el cumplimiento de la palabra dada y la defensa del imperio de la ley no se negocian ni se someten ante el despotismo. Dos siglos después, la terquedad democrática de Juan Martín prevalece sobre la sombra del gobernante felón que ordenó su asesinado de Estado. “El odio no es algo natural e inevitable, se programa y Fernando VII programo el asesinado de Estado del “El Empecinado”. La dignidad de El Empecinado era la demostración de su ignominia ante el Pueblo.

Francisco José Alonso Rodríguez. – Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos.- Círculo Cultural Juan Martín El Empecinado Madrid.- Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD.HH.

El Cristoneofascismo y la Quiebra de la Alianza Político-Religiosa

El Dia de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 17 de Agosto de 2026.

En el escenario político global actual se observa el avance de corrientes de extrema derecha que, apoyadas en el capitalismo ultraliberal, instrumentalizan los símbolos y narrativas del cristianismo para legitimar discursos excluyentes y autoritarios. A este fenómeno, el reconocido teólogo español Juan José Tamayo lo ha denominado «Cristoneofascismo» (o la Internacional Cristoneofascista), una categoría analítica desarrollada ampliamente en sus obras, como La Internacional del Odio (Editorial Icaria) y La compasión en un mundo injusto.

El concepto de cristofascismo fue acuñado originalmente en 1970 por la teóloga evangélica alemana Dorothee Sölle para denunciar cómo sectores de la Iglesia respaldaron la ideología nazi. Retomando esa memoria histórica, Tamayo actualizó el término al acuñar «cristoneofascismo» para describir una nueva alianza política y religiosa:

«Una estrecha simbiosis entre la extrema derecha ultraliberal y los movimientos cristianos integristas, donde los valores del Evangelio se pervierten para convertirlos en herramientas de odio, patriarcado y exclusión.»

Esta corriente promueve un retorno explícito a la comunión entre política y religión, rompiendo la laicidad del Estado. A través de este matrimonio ideológico, líderes ultraconservadores apelan a «la fe, la patria y la familia tradicional» para desmantelar avances sociales y recortar derechos a minorías.

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la investigación teológica es que esta corriente no opera de forma marginal; encuentra refugio y legitimación en las propias estructuras de la Iglesia. Tamayo advierte que sectores episcopales y obispos de línea dura —críticos con las reformas del Vaticano— han abierto la puerta a estos movimientos, ofreciendo amparo doctrinal y cobertura mediática a discursos radicalizados.

Esta fractura interna sitúa a la jerarquía más conservadora en rumbo de colisión directo con el magisterio reciente de la Santa Sede.

Frente al avance del cristoneofascismo, la autoridad moral de los dos últimos pontífices ha actuado como un muro de contención fundamental ante la instrumentalización de la fe:

  • Benedicto XVI (Joseph Ratzinger): Advirtió de forma reiterada contra la «dictadura del relativismo» y condenó el intento de utilizar la fe como un instrumento ideológico de poder. Como teólogo, siempre defendió que el cristianismo no puede transformarse en una ideología política ni en un sistema estatista de imposición.
  • Francisco (Jorge Mario Bergoglio): Ha sido la voz más crítica frente al populismo reaccionario. A través de encíclicas como Fratelli Tutti (sobre la fraternidad y la amistad social) y sus constantes llamamientos a la acogida de migrantes y a la justicia social, el Papa Francisco ha denunciado que el nacionalismo xenófobo y el odio no pueden legitimarse jamás bajo el nombre de Cristo.

El trabajo crítico de Juan José Tamayo pone de manifiesto el grave riesgo que supone secularizar lo sagrado para fines antidemocráticos. Frente al riesgo de una fe convertida en trinchera ideológica, el camino trazado por el Magisterio de la Iglesia y por la teología de la liberación exige recordar que el corazón del mensaje cristiano radica en la compasión, la fraternidad universal y la defensa inquebrantable de la dignidad humana.

Francisco José Alonso Rodríguez. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional de DD. HH.

La sombra del Majzén sobre Ceuta

El Distrito, por Fco. José Alonso Rodríguez, 17 de Agosto de 2026.

Lo sucedido a finales de julio de 2026 en la frontera de Ceuta no fue una marejada humana espontánea ni una desafortunada coincidencia fruto de la desesperación puntual. La irrupción de cerca de 80.000 personas en la ciudad autónoma en cuestión de pocas horas constituye un episodio sin precedentes que ha superado cualquier antecedente en la historia reciente de las fronteras hispano-marroquíes. Intentar reducir un despliegue de semejante magnitud a un mero «efecto llamado» movilizado de forma caótica a través de redes sociales es ignorar deliberadamente el funcionamiento del aparato del Estado marroquí. Todo apunta a que estamos ante una operación minuciosamente diseñada y trabajada durante meses desde las altas esferas del poder alauita, bajo la dirección o el implícito consentimiento del rey Mohamed VI, ya que sin su autorización expresa nada de este calado ocurre en sus fronteras.

Para que decenas de miles de personas converjan de manera simultánea en un punto geográfico tan preciso como las inmediaciones de Castillejos y los espigones del Tarajal y Benzú, se requiere una infraestructura organizativa que no se improvisa en cuestión de días.

• Movilización de transportes a gran escala: El desplazamiento masivo de jóvenes, familias y colectivos procedentes de diversos puntos del interior de Marruecos requirió una red de transportes y desplazamientos coordinados a escala regional y nacional.

• Inacción deliberada de las fuerzas de seguridad: Marruecos mantiene uno de los dispositivos policiales y militares más severos e intrusivos de la región norteafricana, con una presencia férrea en el perímetro fronterizo con España. La apertura de facto o la pasividad absoluta de la gendarmería en los controles durante las horas clave solo puede responder a una orden directa y jerárquica de levantar la guardia.

• Infiltración y agitación digital organizada: Aunque los canales de mensajería instantánea y las redes sociales sirvieron como altavoz, la creación de la narrativa y la difusión masiva previa requirieron semanas de preparación estratégica para canalizar y dirigir el flujo hacia la frontera.

En la estructura política de Marruecos, donde la cúpula militar, la gendarmería y los servicios de inteligencia responden en última instancia al Palacio Real, un movimiento fronterizo de estas características es absolutamente imposible de ejecutar sin la luz verde del Majzén.

Marruecos ha demostrado históricamente una maestría indiscutible en la utilización de la presión migratoria como baza en su agenda de política exterior. Lo vivido en Ceuta no es más que la manifestación más extrema de lo que los analistas militares denominan guerra híbrida: utilizar flujos humanos como un elemento de presión geopolítica, económica y social sobre el vecino del norte.

A este escenario hay que añadir que las recientes declaraciones de los ministros españoles afirmando que los migrantes volverán a Marruecos tras entablar conversaciones con sus homólogos no son más que una cortina de humo mediática. La postura de Rabat hacia España es constante: emitir señales inequívocas de que son ellos quienes marcan los tiempos, las pausas y las condiciones en la relación bilateral, tanto en el ámbito comercial como en el diplomático.

Al mismo tiempo, la ciudadanía exige explicaciones claras y veraces por parte del presidente Pedro Sánchez sobre la verdadera naturaleza de su relación con el reino alauita. Tras los episodios de espionaje a través de su dispositivo móvil y los giros diplomáticos opacos de los últimos años, la transparencia absoluta sobre los compromisos asumidos con Rabat ya no es una opción política, sino un imperativo de seguridad nacional.

Francisco José Alonso Rodriguez. -Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. -Centro Cultural Ateneos. – Premio a las Libertades. – Medalla Internacional DD.HH.

La Primera Enmienda no es un escudo para la difamación: El cerco judicial sobre Luis Arroyo

La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es uno de los pilares más robustos de su democracia. Este precepto prohíbe de forma tajante que el gobierno promulgue leyes que coarten la libertad de palabra, de prensa, el derecho a la reunión pacífica o el de solicitar al gobierno la reparación de agravios. Sin embargo, existe un malentendido común: la creencia de que esta sólida protección constitucional es un cheque en blanco para decir cualquier cosa en el espacio público sin sufrir consecuencias legales.


La jurisprudencia estadounidense es sumamente clara al respecto: el derecho de opinión no ampara la difamación. Difamar no es informar. Mientras que las opiniones, las valoraciones subjetivas y las críticas políticas están fuertemente protegidas, la divulgación deliberada de hechos falsos con la intención explícita de dañar la reputación, el honor y la imagen pública de un individuo cruza la línea de la legalidad.
Para que una declaración sea considerada difamatoria bajo la ley, esta debe carecer de interés público real y sostenerse sobre falsedades propagadas con malicia. La libertad de expresión protege la libre circulación de ideas y la fiscalización del poder, pero no la fabricación de calumnias destinadas a destruir el prestigio personal o profesional de un ciudadano.
Este límite legal es el núcleo del conflicto que rodea que se presenta como consultor y comunicador Luis Arroyo. Durante una reciente intervención en la televisión pública española (RTVE), Arroyo vertió graves descalificaciones contra el Presidente de los Estados Unidos, refiriéndose a él en términos como «payaso» y «criminal» entre otras descalificaciones.


Lejos de enmarcarse en una crítica política legítima, estas afirmaciones han sido señaladas como un ataque directo a la dignidad del mandatario, utilizando la proyección de un medio masivo para difundir imputaciones injuriosas.
Por este motivo, se ha presentado formalmente en estos días una denuncia ante la Fiscalía de los Estados Unidos en Miami contra Luis Arroyo. La acusación sostiene que sus declaraciones en RTVE constituyen una campaña de difamación deliberada que busca dañar la imagen pública de la figura presidencial, un acto que no encuentra amparo bajo la doctrina de la Primera Enmienda al tratarse de imputaciones falsas y ofensivas formuladas de manera pública.


La denuncia penal en territorio estadounidense se suma a una compleja situación legal que Arroyo ya arrastra en España. En los tribunales españoles, el denominado comunicador acumula otras querellas presentadas por antiguos amigos y socios cercanos, quienes le acusan de delitos como: Amenazas y coacciones. – Administración desleal.
El origen de estas disputas nacionales se remonta a la adjudicación del arrendamiento de la Cantina del Ateneo de Madrid. Según consta en las denuncias, Luis Arroyo les aseguro que el local disponía de una Puerta de Entrada individual y operativa por la calle Santa Catalina 10, cuando en realidad se trataba de una Salida de Emergencia del propio edificio, un detalle critico que derivó en la inviabilidad comercial de la explotación y en la posterior clausura decretada por el Ayuntamiento de Madrid.
Esta ocultación de la realidad técnica y legal del espacio afectó gravemente la viabilidad del negocio de sus antiguos colaboradores, quienes terminaron perdiendo su inversión y recurriendo a la vía judicial para exigir responsabilidades por la administración desleal de la que se consideran víctimas.


La responsabilidad de la palabra: La libertad de prensa y de expresión son derechos fundamentales que deben protegerse con celo, pero su defensa exige delimitar con claridad dónde termina la crítica y dónde empieza el delito. Tanto en los tribunales de Miami como en los de España, Luis Arroyo deberá responder por la diferencia entre emitir una opinión y cometer un atropello legal. “El nivel cultural de Luis Arroyo no es de Opinador es de Difamador”.


Francisco José Alonso Rodríguez. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional de DD. HH.

Ignacio Moratinos Delgado «El Empecinado».- Coordinador Liga Española Pro Derechos Humanos en Castilla y León.- Presidente Círculo Cultural Juan Martín El Empecinado.

Ramón Pérez de Ayala: cuando el Delito se viste de Gala

por Fco. José Alonso Rodríguez, 09 de Agosto de 2026.

Hay frases que desafían el paso del tiempo y conservan una lucidez punzante, capaces de explicar el presente con la precisión de un bisturí. Una de las más célebres del escritor, periodista y ensayista asturiano Ramón Pérez de Ayala sintetiza con amarga ironía una constante de la condición humana y de las estructuras de poder: «Cuando la estafa es enorme, ya toma un nombre decente». Más de medio siglo después del fallecimiento del autor ovetense, esta reflexión no solo rehúsa envejecer, sino que cobra un vigor renovado en el debate público contemporáneo.

Nacido en Oviedo en 1880 y encuadrado en la brillante Generación del 14, Pérez de Ayala destacó por una obra caracterizada por el sentido crítico, el análisis psicológico y un manejo impecable de la ironía. A través de novelas fundamentales como Belarmino y Apolonio, Tigre Juan o A.M.D.G., el escritor nunca se limitó a la mera narración; su propósito fue siempre cuestionar los dogmas, las apariencias y los vicios sociales de su época. Su vasta cultura y su experiencia como embajador en Londres le otorgaron una visión privilegiada sobre los mecanismos del poder y la moral colectiva.


La premisa vertida en su célebre cita expone un fenómeno recurrente: la doble vara de medir con la que la sociedad evalúa el delito y la falta. Cuando un engaño es modesto o lo comete un ciudadano común, la condena es inmediata, tajante y explícita. Se le aplican etiquetas severas y el castigo social o penal no se hace esperar. Sin embargo, cuando la trampa alcanza dimensiones masivas, involucra sumas astronómicas o surge desde las altas esferas políticas, financieras e institucionales, la percepción se altera drásticamente.


En esos escenarios, el lenguaje sufre un proceso de sofisticación e higienización. Las irregularidades dejan de llamarse «robo» o «fraude» para rebautizarse bajo eufemismos técnicos, reestructuraciones inevitables, vacíos legales o complejos reajustes de mercado. El volumen de lo defraudado y el prestigio de sus responsables les otorgan una pátina de respetabilidad que diluye la gravedad del acto. Lo que en pequeña escala genera indignación, a gran escala se normaliza o se asume como una fatalidad del sistema.


Pérez de Ayala señalaba así la condescendencia y la pasividad de una sociedad que tiende a encogerse de hombros ante la injusticia cuando esta viste de etiqueta y exhibe influencia. La vigencia de su pensamiento nos advierte de que el verdadero peligro para la convivencia y la ética pública no radica únicamente en la falta cometida, sino en la capacidad de las estructuras de poder para institucionalizar el engaño y transformarlo en una convención aceptable. Recordar sus palabras es un ejercicio necesario de higiene mental para no dar por decente aquello que, por grande que sea, no deja de ser una estafa. (delito)


Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD.HH.

Ignacio Moratinos Delgado «El Empecinado».- Coordinador Liga Española Pro Derechos Humanos en Castilla y León.- Presidente Círculo Cultural Juan Martín «El Empecinado»

Honor, memoria y libertad: a Juan Martín Díez, «El Empecinado», en el 201.º aniversario de su asesinato de Estado

El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 07 de Agosto de 2026

El próximo 19 de agosto, Castilla y León rendirá tributo a uno de sus hijos más venerados, figura capital en la lucha por la independencia de España y la defensa inquebrantable de las libertades constitucionales: Juan Martín Díez, «El Empecinado». Al cumplirse 201 años de su trágico e injusto ajusticiamiento —un auténtico crimen de Estado perpetrado por orden directa del rey absolutista Fernando VII—, la ciudadanía está convocada a participar activamente en dos actos conmemorativos que tendrán lugar en las ciudades de Burgos y Valladolid.
La jornada del 19 de agosto se articulará en dos escenarios principales:
A las 12:00 horas en Burgos: Acto de homenaje ante su mausoleo, donde reposan los restos mortales del insignio militar.
A las 20:00 horas en Valladolid: Concentración conmemorativa frente a la casa donde vivió el héroe castellano.
Nacido en Castrillo de Duero (Valladolid) en 1775, Juan Martín Díez se convirtió en una leyenda viva durante la Guerra de la Independencia (1808-1814). Encabezando las partidas guerrilleras que hostigaron sin descanso a las tropas napoleónicas, su coraje y perspicacia militar desconcertaron a los mariscales franceses y le valieron el reconocimiento unánime de la nación.
Sin embargo, el genio militar de «El Empecinado» no solo se alimentaba de la defensa de la patria frente al invasor extranjero, sino de un profundo compromiso con la soberanía popular y los derechos del pueblo español. Cuando se promulgó la Constitución de Cádiz de 1812 —«La Pepa»—, la juró con la firmeza de quien entiende que la verdadera independencia requiere libertad e igualdad ante la ley.


Dignidad frente al despotismo de Fernando VII.

Tras el retorno de Fernando VII y la restauración del absolutismo más férreo, El Empecinado se mantuvo fiel a sus principios democráticos y al régimen constitucional durante el Trienio Liberal (1820-1823). El monarca absolutista intentó comprar su lealtad ofreciéndole títulos nobiliarios, honores y cuantiosas sumas de dinero a cambio de retractarse de su causa. La respuesta del héroe castellano resuena en la historia con la contundencia de un legado inmortal:
«Diga usted al rey que, si no quería la constitución, que no la hubiera jurado; que el Empecinado la juró y jamás cometerá la infamia de faltar a sus juramentos.»

Ante la imposibilidad de doblegar su integridad, el régimen absolutista reaccionó con crueldad. Juan Martín Díez “El Empecinado” fue apresado en Olmos de Peñafiel y encarcelado durante casi dos años en condiciones inhumanas en Roa. Finalmente, el 19 de agosto de 1825, tras un proceso carente de garantías legales y por orden expresa de la Corona, fue ejecutado en la horca en la Plaza Mayor de Roa. Aquel acto no fue una ejecución judicial, sino un crimen de Estado diseñado para acallar la voz de la dignidad y la razón.


Llamamiento a la memoria colectiva de Castilla y León.

Dos siglos transcurridos no han logrado borrar el valor de su sacrificio. Hoy, la figura de “El Empecinado” se alza no solo como un símbolo de la resistencia militar castellana, sino como un faro ético y democrático. Recordar su figura implica reivindicar la vigencia de los valores por los que entregó la vida: el imperio de la ley, la libertad ciudadana y el rechazo frontal a la tiranía y a la corrupción del poder.
Por todo ello, se invita a vecinos, colectivos culturales, historiadores y a toda la ciudadanía de Castilla y León a sumarse masivamente a esta doble cita de recuerdo y justicia histórica el próximo 19 de agosto:
Burgos (12:00 h): Un floral tributo ante el mausoleo de El Empecinado, rindiendo honores a los restos de quien nunca se arrodilló ante el absolutismo.
Valladolid (20:00 h): Un acto de memoria colectiva ante la fachada del inmueble que habitó, reviviendo su huella viva en el corazón urbano de su provincia natal.
Acudir a estos escenarios es mucho más que participar en un acto conmemorativo; es mantener viva la llama de quien demostró que la palabra, el honor y la defensa de la patria no se venden por pretendas ni se entregan bajo amenaza. Aquel 19 de agosto de 1825 pretendieron apagar su luz; este 19 de agosto demostraremos que su legado sigue más vivo que nunca.
Desde estas líneas queremos unirnos a la petición reiterada del Partido Nacionalista de Castilla y León (PANCAL-URCi) y Ateneo Cultural Villalar, para que el Ayuntamiento de Burgos permita el traslado de sus restos a Pueblo donde nació Castrillo de Duero, como era su deseo y el de sus descendientes. “El Pueblo que olvida y no respeta su Historia, está condenado a repetirla”.


Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD.HH.

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