El Gobierno, en Consejo de Ministros de fecha 23 de Diciembre de 2005, aprobó el anteproyecto de Ley de Dependencia o Autonomía Personal que enviará al Parlamento para su tramitación. A esta Ley se la ha denominado "El Cuarto Pilar del Estado del Bienestar" ya que junto a la sanidad, las pensiones o la educación, completará nuestros Servicios Sociales.

Últimamente se han producido una serie de justificadas críticas ante los Informes del Instituto Nacional de Estadística sobre la situación de los ancianos dependientes y de ese terrible 20% de españoles considerados los más pobres de nuestra sociedad. Ha sido unánime el clamor para que se dé prioridad a su derecho fundamental a ser atendidos por el Estado. Y si alguien podía ponerle remedio es el Gobierno con el Parlamento sostenidos por este clamor de la opinión pública.

Es hora de ponerse manos a la obra y exigir a nuestros políticos que cumplan con la sociedad. Los intereses políticos no pueden triunfar por encima de los derechos de los más necesitados que sólo parecen servir para ser arrojados como mercancía electoral.

Desde la Liga Española Pro-Derechos Humanos apoyamos esta Ley pues entendemos que toda persona debe sentirse protegida por los estamentos políticos y sociales capaces de lograr lo que consideramos como un derecho básico de cualquier sociedad moderna, y en este país, que se tiene por adelantado y presume de ser la 11º potencia económica del mundo debe ser una obligación. Este derecho debe ser equiparado al derecho a la Sanidad, la Educación o las Pensiones, y consideramos que de esta manera se cambiaría de raíz el Estado del Bienestar.

Con esta medida se trata de garantizar a toda persona que no pueda valerse por sí misma por problemas de movilidad o enfermedad el mismo Derecho Universal a ser atendidos que tienen todos los ciudadanos a la Sanidad, la Educación, o las Pensiones. Por eso le llaman el "Cuarto Pilar del Estado de Bienestar".

Cuando hablamos de Bienestar y calidad de vida de las personas mayores o personas con discapacidades, nos referimos a su integración y participación activa en todos los ámbitos, considerando esto como uno de los indicadores más fiables del desarrollo de la sociedad.

Estadísticamente hablando, sólo el 6,5% de las familias que cuidan a personas dependientes cuenta con el apoyo de los servicios sociales. Además, el 83% de los familiares que dedican prácticamente su vida a cuidar a las personas dependientes son mujeres, con lo que está ley tendrá implicaciones mayores en cuanto a la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que promueve el Ejecutivo.

En España unas 2,8 millones de personas precisan de terceros para su actividad cotidiana, sobre todo personas discapacitadas y personas mayores. De esta cantidad, más de un millón tienen una dependencia severa de otras personas. El objetivo que se ha de buscar es que se cubra con dinero público la atención a estas personas.

En el caso de las personas mayores, solo el 10 % de los mayores tiene recursos para acceder a una plaza en una residencia privada, otro 25 % tiene pensiones de subsistencia y, por tanto, tienen asegurada una plaza pública. Por último la situación del restante 65% de mayores que ni cumple los criterios de acceso a plazas públicas, ni tiene recursos para una plaza privada.

Este Sistema Nacional de Dependencia incorporará una cartera básica de servicio, que podrá ser complementada por las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. Se beneficiaran de la teleasistencia, la ayuda a domicilio, centros de día y residencias de mayores. Se va a priorizar un servicio de ayuda a domicilio a todas las personas con dependencia grave porque con este sistema se favorece su permanencia en casa, en condiciones de dignidad, esto favorecerá el desarrollo profesional de los familiares.

Además de un beneficio personal para estas personas, se conseguirá de forma colateral la creación de puestos de trabajo y ofrecerá a nuestros jóvenes la posibilidad de trabajar cuidando a sus mayores y personas con alguna discapacidad. Las últimas estimaciones hablaban de no menos de 300.000 empleos. El Sistema Nacional tendrá un carácter universal, alcanzará a todos los ciudadanos al margen de su capacidad económica

La Liga Española-Pro Derechos Humanos se ha caracterizado por impulsar esta propuesta de ley y en todo momento ha mostrado su apoyo para que la integración en nuestra vida cotidiana se realice lo más rápido posible para así lograr alcanzar el tan ansiado "Cuarto Pilar del Estado de Bienestar".

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