A juzgar por gran parte de las determinaciones políticas de nuestro Gobierno (de las que hemos tenido muestras sobradas en la anterior legislatura, y que, sin embargo, quedarán ensombrecidas por el actual contexto de ausencia de obstáculos parlamentarios), no es aventurado concluir que la defensa y el respeto de los Derechos Humanos no es algo que caracterice (ni siquiera de manera tangencial) a nuestro Ejecutivo. Un claro y sangrante ejemplo de ello lo encontramos en la actual reforma de la Ley de Extranjería, que el Gobierno del señor Aznar está obcecado en sacar adelante.
Esta reforma, calificada por las ONGs y gran parte de la oposición como un gravísimo error, cercena de un tajo los logros conseguidos con la L.O. 4/2000, una Ley que, tras su gestación durante cerca de dos años, fue consensuada por todas las fuerzas parlamentarias (incluido el Partido Popular), y que este partido, en el último momento y mediante un procedimiento rocambolesco y ciertamente patético, rechazó, aprobando en el Senado —de manera infructuosa— un sinfín de enmiendas que desvirtuaban y corrompían el principal objetivo de la redacción de dicha Ley 4/2000: la integración social de los inmigrantes. Ciertamente ésta parecía ser el objetivo de la vigente —por ahora— Ley de Extranjería; aunque no podemos negar que tal Ley, mejorando con holgura la anterior de 1985, supone, en el fondo, una Ley de mínimos, quedando todavía mucho camino por recorrer. Sin embargo, el PP —con su fina percepción de la realidad— ha desempolvado dichas enmiendas (que en realidad son una completa y nueva Ley de Extranjería que pone el acento en el aspecto policial, y no en el aspecto integrador), imponiendo una vuelta atrás en un tema tan fundamental e importante como es la inmigración.
Esta involución, que denota no estar a la altura de las circunstancias —a la altura de los tiempos, caracterizados por unos imparables flujos migratorios que tienen su génesis en las desigualdades entre los países ricos y los países pobres—, se puede ver claramente, entre otros, en artículos como el 11 del actual Proyecto de Ley, en donde el derecho a la sindicación y a la huelga quedan restringidos a aquellos "extranjeros que se encuentran legalmente en España". Igualmente, en el artículo 8 puede leerse: "Todos los extranjeros que se encuentran legalmente en España podrán ejercer el derecho de asociación conforme a las leyes que lo regulen para los españoles."
Quisiera recomendar al señor Aznar, y a los miembros de su Gobierno, que se lean los siguientes artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948: artículo 23.4, "toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses"; artículo 20.1, "toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas". No sería perjudicial para nuestros gobernantes que, además de leer estos artículos, se lean la Declaración entera, incluso varias veces y tomando notas.
Debemos preguntarnos, sinceramente y sin caer en ingenuidades, ¿qué podíamos esperar de algunos partidos políticos que mantienen en sus filas a cargos públicos que justifican lo injustificable (es decir, los brotes xenófobos acaecidos en sus municipios), hablando de la "insoportable" tensión que generan estos colectivos de inmigrantes, que se niegan a ser tratados como animales? Otra de las perlas con las que nos han obsequiado estos señores, y que deben formar parte de la hemeroteca de todo auténtico defensor de los Derechos Humanos, fue la siguiente: "La culpa de todo la tienen las ONGs, que hablan a los inmigrantes de sus Derechos." No nos cabe la menor duda que la clase empresarial de estos municipios, así como del resto de nuestro país, estará satisfecha por la reforma de la Ley de Extranjería que desea llevar a cabo el Partido Popular, ya que la reducción de los derechos de los inmigrantes beneficia la explotación laboral sin escrúpulos de estas personas; porque nadie dudará, a estas alturas de la historia, que los inmigrantes son personas con derechos inherentes e inalienables...
Por otra parte, sólo nos cabe concluir que
si el PP, en su momento, no ha destituido fulminantemente a estos cargos públicos
por dichas declaraciones (y todo lo que ello implicaba), debe ser porque sus
posiciones sobre este tema no se encuentran muy lejanas. Otra explicación
racional no cabe.
Liga Española Pro-Derechos Humanos
(Publicado en la Revista
de Extranjería,
nº 5, del Área
de Extranjería del R. e I. Colegio
de Abogados de Zaragoza)
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"A juzgar por gran parte de las determinaciones políticas de nuestro Gobierno (...), la defensa y el respeto de los Derechos Humanos no es algo que caracterice (ni siquiera de manera tangencial) a nuestro Ejecutivo"
"Quisiera recomendar al señor Aznar, y a los miembros de su Gobierno, que se lean los siguientes artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948: artículo 23.4 (...) y artículo 20.1 (...). No sería perjudicial para nuestros gobernantes que, además de leer estos artículos, se lean la Declaración entera, incluso varias veces y tomando notas"