En el Informe S/1999/1219 del 6 de diciembre de 1999 el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, manifiesta lo siguiente: «De la sección II del presente informe se desprende que la MINURSO tendría que hacer frente a un largo proceso si tuviera que examinar las apelaciones de decenas de miles de solicitantes. En esas circunstancias, la posible celebración del referéndum dentro de un período de tiempo razonable no se vislumbra cada vez más próxima, sino que cada vez parece más alejada. Los problemas planteados por el actual número de apelaciones y las posiciones contrapuestas de las partes en relación con la cuestión de la admisibilidad parecen indicar que es poco probable que el referéndum se celebre antes del 2002 y que pueda postergarse incluso más allá de esa fecha.» (Párrafo 28)

Teniendo en cuenta este informe del Secretario General de las Naciones Unidas (cuyo núcleo central lo constituye el problema de las apelaciones presentadas —un total de 79.000— a la primera parte de la lista provisional de votantes, publicada el 15 de julio de 1998, y la consiguiente posibilidad de una nueva demora en la realización del Referéndum de Autodeterminación del Sáhara Occidental, aspectos estos que discutiremos más adelante), desde la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS queremos llamar la atención sobre los siguientes aspectos:

(1) Nos encontramos, claramente, ante una nueva estrategia dilatoria del Reino de Marruecos, con el fin de impedir que el Pueblo Saharaui goce de su derecho a la Autodeterminación, de conformidad con el Derecho Internacional. Esta estrategia no es, en absoluto, novedosa: prácticamente todas las fases del proceso de paz se han visto retrasadas por Marruecos, quien persiste en su actitud de no colaborar con la misión de Naciones Unidas confirmando su desinterés en solucionar el conflicto. (Entre otras muchas maniobras obstruccionistas se encuentra la renuncia del gobierno marroquí a colaborar con el jurista independiente Emmanuel Roucounas, encargado por la ONU de resolver los casos de los presos políticos, impidiendo así que los centenares de desaparecidos saharauis encuentren una solución digna y legítima a su situación.)

(2) Denunciamos la pasividad de la comunidad internacional ante este cúmulo de violaciones de los derechos humanos, resaltando en este sentido la sangrante actitud del Gobierno Español, que lejos de emular el papel que el Gobierno Portugués realizó en el proceso de autodeterminación de Timor Oriental, muestra un grave mutismo institucional acompañado, eso sí, de acuerdos pesqueros en aguas saharauis con el Gobierno de Marruecos, y lo que es peor, acompañado también por la venta de armamento a este mismo gobierno. Con respecto a esta venta de armas, nos parece oportuno reseñar el estudio realizado por la Cátedra UNESCO sobre la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona, en diciembre de 1999, en el que se puede leer que, en conjunto, «a lo largo del primer semestre de 1999 España podría haber exportado armamento por un valor cercano a los 20.000 millones de pesetas, una cifra superior a los 15.079 millones declarados recientemente por el gobierno.» Entre los países «beneficiados» por esta exportación (países que no cumplen los requisitos del Código de Conducta sobre transferencias de armas de la Unión Europea) se encuentran: Turquía, Colombia, Arabia Saudí, Ghana,... Con respecto a la venta de armamento a Marruecos, la Cátedra UNESCO informa que, aunque los datos oficiales señalan que el Gobierno Español ha vendido vehículos de transporte por valor de 997’4 millones de pesetas, es muy probable que se trate de camiones IVECO-Pegaso, no habiéndose contabilizado munición valorada en 19 millones de pesetas. Además, según esta misma Cátedra, Marruecos no informa de estas ventas al Registro de Armas Convencionales de la ONU. Lamentamos profundamente esta actitud mercader del Gobierno Español, que —como otras tantas veces— prima los intereses económicos sobre la dignidad y los derechos humanos.

En este contexto de desinterés condenatorio por parte de la Comunidad Internacional en su conjunto, queremos hacernos eco de la llamada «teoría del Gran Hermano americano», según la cual aquellos países que se incluyan en la esfera amistosa de los Estados Unidos estarían exentos de juicios críticos en sus procederes antidemocráticos; no cabiendo ninguna duda de que Marruecos es uno de esos países claramente protegidos.

(3) Lamentamos las impunes y recurrentes prácticas violatorias de los derechos humanos llevadas a cabo en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, en contra de los Tratados Internacionales suscritos por el Reino de Marruecos. Entre estas prácticas violatorias podemos destacar los bombardeos con napalm y fósforo blanco, las ejecuciones extrajudiciales o sumarias, las desapariciones forzosas (práctica internacionalmente prohibida en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los artículos 6, 7, 9 y 10 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, y en la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas: Resolución 47/133 de la Asamblea General del 18 de diciembre de 1992), la práctica de la tortura (conculcando el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos), los procesos judiciales injustos (negando los derechos reconocidos en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 14 de la Convención de Derechos Civiles y Políticos), las detenciones arbitrarias (en contra de la Resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1998 de la Asamblea General de las Naciones Unidas), el estado de sitio y el bloqueo de informaciones, así como una política de implantación de colonos para desnaturalizar la composición demográfica del territorio. Es digno de reseñar que estas prácticas se llevan a cabo por medio de un aparato represivo de más de 250.000 agentes marroquíes, agrupados en los siguientes cuerpos: el Ejército, la Dirección de Vigilancia del Territorio, la Policía Judicial, la Gendarmería Real y las Compañías Móviles de Intervención. (Consideramos que, como garantía para la realización de un Referéndum libre, estos servicios y órganos del Estado marroquí deben abandonar el territorio del Sáhara Occidental durante el proceso de dicho Referéndum.)

(4) En este contexto general de obstruccionismo, pasividad condenatoria y violaciones de los derechos humanos, nos parecería un grave error demorar hasta el 2002 (o quizá más) el Referéndum de Autodeterminación del Sáhara Occidental, tal y como apunta —aunque no confirma— el Secretario General de las Naciones Unidas en su Informe S/1999/1219. Como se señala en este informe, en sus párrafos 4 y 5, tanto el Frente POLISARIO como el Gobierno de Argelia sostienen que «una interpretación estricta de la admisibilidad podría reducir el tiempo necesario para terminar la etapa de las apelaciones». En esta dirección camina la carta escrita por Richard Stanforth (Coordinador de la «Western Sahara Campaign») a Mr. P. Hain, British Minister of State in charge of North Africa and the Middle East at the Froeign Office (ver: http://www.arso.org/wsc-1299.htm). Teniendo en cuenta que, como se dice en el párrafo 9 del citado Informe del Secretario General, «en la mayoría de las apelaciones presentadas se dan nombres de testigos que en las audiencias sobre las apelaciones podrían dar nuevos datos en apoyo a la solicitud de inclusión de solicitantes», nos recuerda Richard Stanforth que para ser admisible una apelación, primero se debe probar «que el miembro de la Comisión competente no tenía conocimiento de las circunstancias o hechos nuevos o de cualesquiera elementos de prueba presentados como fundamentos de la apelación» (como se manifiesta en el artículo 21d i, de las «Directrices operacionales para la aplicación del procedimiento de apelación», S/1999/483/Add.1, de 13 de mayo de 1999). Además, se establece claramente que esa información nueva debe ser presentada con la apelación («la sección de la instancia de apelación examinará la admisibilidad de una apelación sobre la base de los documentos presentados y disponibles»: artículo 20 de las citadas Directrices). Sin embargo, sostiene Stanforth, «si como el Secretario General manifiesta, la mayoría de esos solicitantes y testigos no logran aportar nuevas pruebas, la Western Sahara Campaign sólo puede concluir que deben ser rechazados por la United Nations Appeal Chamber.» De esta manera, nos encontramos ante el claro propósito de convertir el proceso de apelaciones en una segunda ronda de identificación: como se señala en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, con fecha de 28 de octubre de 1999 (S/1999/1098), «las 79.000 apelaciones recibidas corresponden exactamente con el número de personas omitidas de la primera parte de la lista provisional de votantes», la gran mayoría residentes en Marruecos.

De conformidad con todo lo arriba expuesto, la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS manifiesta su preocupación por la posibilidad de un proceso de «timorización» del problema saharaui, enquistándose inadecuadamente y provocando un despliegue irracional de la violencia. (No queremos desdeñar, tampoco, la posibilidad de una reanudación de la guerra, si el pueblo saharaui es de nuevo defraudado. El Secretario General del Frente POLISARIO, Sr. Mohamed Abdelaziz, manifestó en una entrevista (EL PAIS, 15 de marzo de 1991) que «si el bloqueo marroquí hace fracasar este proceso y no se celebra un referéndum de autodeterminación libre, se producirá un vacío que sólo podrá llenar la reanudación de la guerra.»)

Por otra parte, manifestamos nuestras dudas de que se esté cumpliendo la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de proceder a la identificación de votantes sobre la actualización del censo español de 1974, ya que en diciembre de 1998 se habían identificado a 147.000 personas (dos veces en el número de persona del censo español), y como se afirma en este último informe del Secretario General, «el 30 de noviembre de 1999, el número total de las personas identificadas desde 1994 sumaba 190.023» (párrafo 8: S/1999/1219).

Queremos concluir manifestando que está en la mano del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, que se respeten escrupulosamente las «Directrices operacionales para la aplicación del procedimiento de apelación» (S/1999/483/Add.1), no permitiendo así una nueva demora innecesaria del Referéndum de Autodeterminación del Sáhara Occidental. En este sentido, pedimos al Sr. Kofi Annan que aplique estrictamente tales directrices operacionales.




Francisco José Alonso Rodríguez
Liga Española Pro-Derechos Humanos

Comunicación escrita, presentada por mediación de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, al 56º Período de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Ginebra, 2000)





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