El pasado 22 de diciembre de 2000 el Frente POLISARIO hizo público un comunicado en el que manifestaba que si la 23º edición del Rally París-Dakar atravesaba el territorio del Sáhara Occidental, el movimiento saharaui reanudaría sus actividades militares en legítima defensa. Cuando todo apuntaba a una reanudación de la guerra entre el pueblo saharaui y el ejército marroquí, el alto el fuego fue, sin embargo, respetado, sin que ello signifique descartar una futura —quizá próxima— vuelta a las armas. Quizá dispongamos ahora de la última oportunidad para resolver un conflicto que, sin el esfuerzo decidido de la Comunidad Internacional, tiene visos de eternizarse y convertirse en crónico.

El conflicto político en el Sáhara Occidental (cuya naturaleza internacional está siendo cuestionada, aún cuando, no sólo de hecho interviene distintos países algunos en la sombra, sino que de derecho, y siguiendo la doctrina del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, en su dictamen del 16 de octubre de 1975, no existen vínculos jurídicos de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos) parece haberse caracterizado por un alto número de resoluciones internacionales (de indudable valor), pero que han sido continuamente incumplidas, ya que entraban en colisión con poderosos intereses creados de ciertos países occidentales.

No resulta novedoso señalar que todas las fases de la aplicación del Plan de Paz se han visto retrasadas y obstaculizadas por el Reino de Marruecos, quien demuestra así un escaso interés en resolver un conflicto que, sin embargo, cuesta a dicho Estado tres millones de dólares diarios en alimentación y abastecimiento de energía, combustible, materiales, etc., a todo el ejército marroquí. Dichos obstáculos, con la consiguiente pasividad en las presiones al Reino de Marruecos, han provocado no sólo que el Plan de Paz de las Naciones Unidas y la OUA se encuentre completamente bloqueado, sino también que las violaciones de los Derechos Humanos de ciudadanos saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental se desenvuelvan en una completa impunidad. Tales violaciones de los Derechos Humanos han sido de tal magnitud que, según AFAPREDESA (Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis), prácticamente todas las familias de dichos territorios ocupados tienen un pariente muerto, desaparecido o torturado. El aparato represivo marroquí, con más de 250.000 agentes (agrupados en los siguientes cuerpos: el Ejército, la Dirección de Vigilancia del Territorio, la Policía Judicial, la Gendarmería Real y las Compañías Móviles de Intervención) han llevado a cabo torturas, ejecuciones extrajudiciales o sumarias, desapariciones forzosas, procesos judiciales injustos, detenciones arbitrarias, junto con la instauración del estado de sitio, el bloqueo de informaciones y una política de implantación de colonos; todo esto, repetimos, dentro de un clima de absoluta impunidad.

Como hemos señalado anteriormente, el conflicto político en el Sáhara Occidental se encuentra actualmente enquistado. No por falta de mecanismos jurídicos internacionales para hacer respetar los Derechos Humanos de la población saharaui, sino por la ausencia de interés a la hora de aplicar dichos mecanismos. Entre los países que por razones históricas deberían jugar un papel activo en favor de dicha legalidad internacional, y cuya actitud deja mucho que desear, se encuentran Francia y España.

Recordemos que Francia concedió a Marruecos, en 1965 con el fin de terminar con el "protectorado" una "independencia en la interdependencia", es decir, una independencia política unida a una interdependencia económica. De esta manera, podemos hablar de una colonización francesa "marroquizada": los colonos franceses fueron realizando la "marroquización" de sus empresas coloniales mediante el proceso de colocar ‘hombres de paja’ (naturalmente marroquíes) al frente de las empresas, que debían rendir cuentas, y enviar las ganancias, a la metrópoli (Francia). De esta manera, el pueblo saharaui es víctima de la política francesa en la región, que, además, ha conseguido presentar su posición como la de toda la Unión Europea. Por otra parte, teniendo en cuenta el papel poco estudiado del petróleo en el Sáhara Occidental, no es aventurado señalar que ésta es una de las causas que motivaron la invasión de Marruecos. De ahí que los diplomáticos franceses aconsejen a este Estado insistir en la llamada "tercera vía" (nuevamente independencia en la interdependencia), ya que esto supondría a Francia firmar acuerdos secretos que les permitan explotar el petróleo saharaui.

Por su parte, la actitud de los distintos Gobiernos Españoles no parece ser muy distinta. Estos siempre han preferido firmar acuerdos bilaterales con Marruecos, en detrimento de una posición firme y digna con respecto a la exigencia del cumplimiento de la legalidad internacional por parte de Marruecos en el conflicto en el Sáhara Occidental. Estos acuerdos bilaterales suponen ayudas financieras, créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo), la condonación de parte de la deuda externa, y por supuesto la firma de acuerdos sobre recursos naturales en un territorio (el saharaui) considerado por las Naciones Unidas como "territorio no autónomo" y, por lo tanto, pendiente de colonización.

No debemos olvidar, así mismo, la venta de armas del Gobierno Español a Marruecos, país que no cumple los requisitos del "Código de Conducta sobre transferencia de armas" de la Unión Europea, que prohibe la venta de armas a países con elevados gastos militares, con serias deficiencias en Derechos Humanos o en conflicto. Por poner un ejemplo, podemos señalar que, según un informe de la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el primer semestre de 1999 el Gobierno Español vendió a Marruecos vehículos de transporte por valor de cerca de 1.000 millones de pesetas, aunque es muy probable, según esta Cátedra, que se traten de camiones IVECO-Pegaso, no habiéndose contabilizado munición valorada en 19 millones de pesetas. A esto debemos añadir que Marruecos no informa de estas ventas al Registro de Armas Convencionales de la ONU.

Resulta especialmente bochornoso que el argumento que desde instancias gubernamentales españolas se emplea para justificar estas prácticas irregulares consista en señalar que el Gobierno Español envía, también, ayuda al pueblo saharaui. Además del insulto que supone querer equiparar las ayudas que otorga el Gobierno Español al pueblo saharaui, con la que otorga al Reino de Marruecos, debemos recordarle a este Ejecutivo que el conflicto saharaui no es un problema económico, sino político, jurídico y moral, y que su actitud no representa en absoluto a una gran parte de la sociedad civil española que se solidariza abiertamente con el pueblo saharaui: con su causa y con su lucha.

En este contexto de intereses económicos y ‘dejadez’ diplomática, parece cobrar cada vez más fuerza la planificación geopolítica de un escenario de resolución alternativo (que se sale fuera del Plan de Paz de la ONU-OUA), con el apoyo más o menos explícito de Francia, España y EE.UU.: la mal llamada "tercera vía", es decir, conceder una cierta autonomía al pueblo saharaui dentro de la soberanía del Reino de Marruecos. Desde la LIGA ESPAÑOLA PRO-DERECHOS HUMANOS (miembro de la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS), consideramos que no cabe hablar de "tercera vía", ya que ésta no es otra que el Referéndum de Autodeterminación. Dicho Referéndum es la solución intermedia (en donde las partes en disputa ceden en sus posiciones con el fin de recomponer el conflicto) entre el deseo marroquí de apropiación de un territorio dentro de un programa político de corte colonialista, y las aspiraciones del pueblo saharaui de recuperar su territorio. De esta manera, rechazamos la llamada "tercera vía", y cualquier otro escenario que se salga fuera del marco del Plan de Paz cuya culminación es la celebración de un Referéndum de Autodeterminación, ya que niega el Derecho a la Autodeterminación aceptado en la "Declaración sobre la concesión de la independencia a los países pueblos coloniales", de 14 de diciembre de 1960, y en la Carta constitutiva de la Organización de la Unidad Africana que proclama, en su artículo II, par. 1 (d), "la erradicación de cualquier forma de colonialismo en África". Por otra parte, entendemos que aún cuando existen mecanismos internacionales suficientes para frenar las violaciones de los Derechos Humanos del pueblo saharaui residente en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, estos Derechos nunca estarán completamente protegidos hasta que se otorgue el Derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, mediante un Referéndum de Autodeterminación libre, transparente y justo.

No queremos dejar de señalar que nos encontramos ante un conflicto que desborda los límites de lo concreto y particular. La resolución del conflicto político en el Sáhara Occidental supondría algo más que el comienzo de una situación justa y digna para el pueblo saharaui; supondría, también, un símbolo de esperanza para millones de seres humanos que ven diariamente mutilados sus inalienables derechos; un símbolo de esperanza en la dinamización de sus enquistados conflictos.




Francisco José Alonso Rodríguez
Presidente Nacional de la Liga Española Pro-Derechos Humanos


Comunicación escrita presentada, por mediación de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, al 57º Período de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Ginebra, 2001)






_________________________________________

Quiénes somos · Historia · Actividades · Delegaciones
Revista El vuelo de Ícaro · Documentos · Comunicados

 
 

 

"El conflicto político en el Sáhara Occidental (...) parece haberse caracterizado por un alto número de resoluciones internacionales, pero que han sido continuamente incumplidas, ya que entraban en colisión con poderosos intereses creados de ciertos países occidentales"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"El conflicto político en el Sáhara Occidental se encuentra actualmente enquistado. No por falta de mecanismos jurídicos internacionales para hacer respetar los Derechos Humanos de la población saharaui, sino por la ausencia de interés a la hora de aplicar dichos mecanismos"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nos encontramos ante un conflicto que desborda los límites de lo concreto y particular. La resolución del conflicto político en el Sáhara Occidental supondría (...) un símbolo de esperanza para millones de seres humanos que ven diariamente mutilados sus inalienables derechos"

Volver a Documentos